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El Defensor del Pueblo ha pedido al Govern que realice un estudio que acredite que ciertos cambios en su ley de evaluación ambiental aprobada en 2016 no va a tener consecuencias nocivas en ciertos enclaves y que, ante un posible impacto negativo, se prohíba el acceso a las zonas de máxima protección y, además, de «marcha atrás en el cambio legislativo que lo ampara».

La petición llega tras criticar la rebaja de la protección ambiental de los espacios naturales de Baleares después de que en agosto de 2016 la comunidad aprobara su ley de evaluación ambiental que introdujo modificaciones sobre los usos de zonas de máxima protección medioambiental y para permitir el acceso y la estancia en esas zonas a actividades recreativas de ocio, previa autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Así, a la institución «le preocupa especialmente» el caso de la Serra de la Tramuntana, en Mallorca, que es parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial protección para las Aves.

Según añade, el Defensor considera que cuando una administración promueve cambios normativos aplicables a los espacios naturales protegidos, estas modificaciones «deben ir precedidas de una sólida justificación técnica que asegura que no se reduce el nivel de protección ambiental existente».

Por tanto, pide a la administración que acredite que los cambios no tendrán consecuencias nocivas y que en caso de posible impacto negativo prohíba el acceso de las zonas de máxima protección y retroceda la modificación normativa.

En ese contexto, además, recomienda a la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca que, antes de promover o tramitar normas que modifiquen el régimen de protección de los espacios naturales, acredite mediante una memoria técnica que la nueva regulación no va a suponer un retroceso en el grado de protección alcanzado.