Así se desprende de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. En concreto, en 2014 las entidades locales de las Islas adoptaron 1.974 acuerdos contrarios a la opinión de los órganos de control internos, por un valor de 35,6 millones de euros; mientras que en 2015 fueron 1.887 resoluciones por 37,33 millones de euros.
De estos datos, seis acuerdos corresponden a los Consells Insulars en 2014 (por 6,4 millones de euros) y 11 en 2015 (por 1,4 millones).
Los Ayuntamientos que aprueban resoluciones en contra de la opinión de los órganos de intervención están obligados a informar al Tribunal de Cuentas. Tanto en 2014 como en 2015, en Baleares incumplieron esta obligación los Ayuntamientos de Algaida, Binissalem y Bunyola.
Por el contrario, 78 entidades locales (tres de ellas, Consells Insulars) informaron de acuerdos contrarios a reparos en 2014, en 62 envíos de los que solamente 12 se produjeron dentro del plazo. En 2015, informaron de acuerdos contrarios a reparos 77 entidades locales (de nuevo, tres Consells Insulars), en 61 envíos de los cuales sólo 7 estaban dentro del plazo.
Los Consells Insulars, que en ambas anualidades realizaron un total de seis envíos, empeoraron la remisión dentro del plazo en 2015, en la que los tres envíos se produjeron fuera del plazo.
Con todo, el informe del tribunal de cuentas considera que las entidades locales de Baleares alcanzaron un grado de cumplimiento igual o superior al 75 por ciento.
En el total nacional, la mayor parte se debe a expedientes de contratación y gastos de personal.
OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
Por otro lado, las entidades locales de Baleares tramitaron en 2014 un total de 120 expedientes por 7 millones de euros con omisión de la fiscalización previa, y otros 114 expedientes por valor de 25 millones de euros en 2015 --datos recibidos en la Plataforma de Rendición de Cuentas a 31 de diciembre de 2016--. Dos de ellos correspondieron a los Consells Insulars en 2015, por 52.278 euros.
ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS
Los responsables de los órganos de intervención de las entidades locales de Baleares comunicaron un total de 16 anomalías en ingresos en 2014, por un importe de 421.018 euros; y 48 anomalías en 2015, por 1,6 millones. De éstas, 18 corresponden a los Consells Insulars, por 606.998 euros.
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