El Govern, contra las 'party boats'

Respecto a la evaluación de la capacidad de carga, Vidal ha indicado que se trata de «un concepto limitador del crecimiento a partir de la aptitud que tiene cada territorio para soportar la intensidad de los usos sin provocar un proceso de deterioro ambiental, social, cultural o de calidad de la experiencia turística, así como la capacidad suficiente de los servicios y las infraestructuras ambientales».

En dicho Proyecto de ley se precisa el alcance del informe determinante de la administración hidráulica, de residuos y sobre cambio climático y cómo afecta el crecimiento en estas variables.
Igualmente, se introduce un informe nuevo imprescindible en la evaluación ambiental del impacto paisajístico por parte de los Consell Insulares.

Asimismo, el Estado tendrá que evaluar ambientalmente sus proyectos en Baleares, si están incluidos en los anexos de la Ley autonómica, para evitar que el nivel de exigencia sea mayor para la Administración local, insular o autonómica que para la Administración estatal.

Por otro lado, el derecho de tanteo y retracto que tiene la Administración pública en una compraventa de un espacio natural protegido se podrá ejercer a partir de diez hectáreas, que descienden de las 100 establecidas hasta ahora.
El Proyecto de ley incorpora una previsión de la Directiva mencionada para evitar conflictos en la tramitación cuando el órgano ambiental es, al mismo tiempo, órgano sustantivo, circunstancia que se da en la Comisión de Medio

Ambiente de las Illes Balears (Cmaib) en materia de autorizaciones ambientales integradas.
Por otra parte, se insiste en el objetivo de evitar el trámite a modificaciones de planes que no tengan repercusiones ambientales, como los que no permitan la ejecución de más proyectos que los planes que sustituyen.