Este documento, impulsado por la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación, contempla la aplicación de medidas que implican la actuación de órganos judiciales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los servicios de protección de menores de los consejos insulares.
Además, también incluye a los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos, la policía local, profesionales del ámbito educativo, unidades especializadas en abuso y explotación sexual infantil, profesionales sanitarios y organizaciones especializadas en estos casos.
El documento prevé las actuaciones que estos agentes tienen que llevar a cabo cuando se produzca un caso de abuso o explotación: la detección y notificación; la valoración e investigación; el tratamiento de las víctimas y los agresores menores de edad, y el seguimiento de estos casos.
Este protocolo tiene como objetivo convertirse en un instrumento técnico que mejore la coordinación institucional en la actuación que los diversos agentes llevan a cabo en estos casos, y que el Govern considera necesaria para garantizar el interés superior del niño o adolescente y su protección.
El Govern ha instado a las administraciones a aplicar, difundir y a publicitar este protocolo entre sus trabajadores, a los agentes implicados y a los ciudadanos.
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