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El desalojo forzoso de Juana Mendoza del Servicio de Acogida Municipal de Familias, previsto para este jueves, finalmente no se llevará a cabo. La mujer, madre de dos niños pequeños, saldrá del centro por su propia voluntad este mismo miércoles.

Mendoza ha conseguido alojamiento en casa de una amiga, y aunque hasta el próximo 17 no tendrá disponible la habitación que alquilará, le permiten dormir en el sofá.

Según los portavoces de Stop Desnonaments Mallorca, Juana está «muy nerviosa» por el cambio y en los próximos días hará declaraciones para valorar su situación.

Protesta

Si bien la plataforma ha desconvocado la protesta que habían organizado este jueves para frenar el desahucio, piden al alcalde de Palma, Antoni Noguera que «deje ya de profundizar en la política asistencialista del PP en los centros de acogida» y municipalice el SAM.

Le reprochan que mantenga «la política contraria a la que defendía en la oposición, llegando no solo a no desmontar la política asistencialista y los recortes del PP, sino, a profundizarlos».

Exigen además la dimisión de la concejal Mercé Borràs «por mentir y manipular» en relación con este caso, y la del edil Aligi Molina por no haber realizado una auditoría del SAM de violencia de género en 2016 como solicitó la entidad y que habría resuelto el caso. La entidad ha negado que la mujer hubiera rechazado ningún empleo ni oferta de vivienda, tal como dijo Borrás para justificar su expulsión del centro y ha insistido en que la afectada nunca ha dejado de buscar donde vivir.

Según la plataforma STOP, la mujer recibió una oferta de empleo con mejor horario que su trabajo actual pero al informar al centro de acogida «no se le permitió aceptarlo» y le advirtieron de que «si cambiaba de empleo, la expulsarían del centro, con lo cual la condenaron a seguir en su actual empleo que le provoca casi tantos gastos como ingresos», indica la nota.

Han criticado que, ayer mismo, la trabajadora social del centro le diera como única solución que se pusiera en contacto con «una controvertida residencia privada envuelta en denuncias penales de mucha gravedad», y que además resultó estar completa. La plataforma ha exigido al Ayuntamiento de Palma que aplique el protocolo de vivienda del Patronato Municipal, y que también lo haga el IBDona en el SAM VVG que en 2016 denegó la tramitación de una solicitud de esta misma mujer, lo que la obligó a vender todas sus pertenencias y afrontar un desahucio.

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