Rosario Sanchez, delegada del Gobierno. | Teresa Ayuga

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La delegada del Gobierno en Baleares, Rosario Sánchez, ha asegurado este viernes que «llamar payaso a un agente con ánimo ofensivo, obviamente es insultarle» pero ha aseverado que, en relación al expediente sancionador, no se habla de «qué se opina» sino de dar «seguridad jurídica a las dos partes».

Tras la junta local de Seguridad celebrada en Calvià, Sánchez ha remarcado que este jueves se reunieron con los sindicatos policiales, les dieron «las explicaciones y aclaraciones pertinentes y respondieron a sus preguntas».

De esta manera, Sánchez ha reiterado que en el expediente administrativo «los fundamentos jurídicos no son adecuados», «crean confusión» y, además, «han provocado esta situación en la que pueda parecer que se relativiza la ofensa».

«Por otro lado, la parte de la demanda es incompleta e insuficiente» para incoar un expediente administrativo y para suponer base suficiente para incoar una falta a un ciudadano», ha remarcado.

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Este miércoles, los sindicatos policiales CEP y UFP explicaron que hace un mes una persona que pretendía renovar su DNI en la Comisaría de distrito de Oeste de Palma fue informado de que era necesario solicitar cita previa para poder realizar dicha renovación. Ante ello, informaron, «reaccionó de una manera totalmente inesperada diciéndole a los policías uniformados que eran unos payasos».

Tras esto, reclamaron a Sánchez que admitiera que llamar «payaso» a un agente es «un insulto» después de que, según informaron los propios sindicatos, la delegada remitiera en un escrito que llamar «payaso» a un policía «no supone una falta de respeto» puesto que «no configura en el sentir social desprecio alguno».

Posteriormente desde la Delegación se explicó que el acta-denuncia que fue presentada por la Policía Nacional es «incompleta e insuficiente». Además, se dijo que existen instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la necesidad de reflexionar sobre la interpretación de ciertas infracciones tipificadas en la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como la 'Ley mordaza', a la espera de «la oportuna reforma legal».

La Delegación indicó que estas instrucciones de la Secretaría se refieren expresamente al artículo 37.4, sobre las faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a la necesidad de «ofrecer una interpretación que permita una aplicación lo más homogénea y ajustada a derecho posible».

Según señalaron, la intención es que se evite que los expedientes sancionadores no puedan finalizarse por «la ausencia de los elementos mínimos para dictar resolución o que sea necesario acudir con frecuencia a la solicitud de actuaciones previas para poder determinar los elementos que concurren en los hechos».