El portavoz del sindicato CSIF Andreu Bou ha explicado que una de las modificaciones que más perjudica a los funcionarios de Justicia, alrededor de 1.500 en Baleares, afecta al concurso de trasladados que hasta ahora les permitía solicitar destino concreto por juzgados cuando ahora el centro de destino pasa a ser el municipio, de manera que los trabajadores pueden ser cambiados de una jurisdicción a otra, lo que perjudica la especialización y generará retrasos.
Ha advertido de que con este sistema «la gerencia o el Ministerio, a su libre albedrío puede mover funcionarios de un sitio a otro. Esto tiene un peligro muy grande para el servicio público porque significa mover a funcionarios muy especializados».
«Es como si en un hospital al pediatra lo pones de psiquiatra y al psiquiatra lo pones a operar y al que opera de ginecólogo, son todos médicos igual que nosotros somos todos funcionarios, pero es una aberración», ha explicado.
Otro de los cambios que ha criticado es que se suprimirá el nombramiento de interinos y las necesidades de personal se suplirán «pasando funcionarios de unos juzgados a otros», algo que «aumentará la sobrecarga de trabajo, supone que habrá menos nombramientos y menos personal».
Bou ha recordado que la ratio que determina el Consejo General del Poder Judicial para el buen funcionamiento de los juzgados es que cada funcionario lleve unos cien expedientes por funcionario: «Aquí en Baleares pasamos los 400 y en algunos juzgados se llega a 500, es normal que todo vaya tan lento».
El delegado de CSIF ha recalcado que esta situación se suma a los problemas informáticos y técnicos de la Justicia, que redundan también en ralentización y ha reclamado inversión en esos ámbitos.
El seguimiento de la huelga ha sido de un 55 por ciento en Baleares.
Derechos recortados
La delegada de CCOO Pilar Claro ha recalcado que la modificación aprobada por la vía de urgencia pretendía devolver a los funcionarios derechos recortados durante la crisis, pero han introducido cambios que suponen «una conculcación de derechos» que además no se ha negociado con los sindicatos.
«Están atacando a los derechos de los trabajadores sin haber negociado previamente en cuestiones que afectan a condiciones de trabajo», ha dicho Claro, que considera que cada funcionario necesita unos 6 meses solo para aprender los trámites de su destino y ha insistido en que la administración de Justicia «no es como las demás, requiere mucha tramitación y por eso hay una necesidad de aprendizaje»
3 comentarios
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Por lo visto hay un conflicto de intereses.. limitar los traslados puede ir contra la optimización de los recursos humanos según las necesidades de cada juzgado y la polivalencia de los trabajadores. Quien se adapta a que? Los funcionarios al trabajo o el trabajo a los funcionarios??
¿Por qué no empiezan a hacer el horario como el resro de funcionarios y no de 9 14'? Normal q haya tanto atraso en los juzgados y normal q tarden 6' meses en aprendrer los trámites. Con una jornada de 37.30 horas semanales no me salen las cuentas.
Desde cuándo 60 personas, la mitad liberados, son un 65%de la plantilla?