Edificio en el que se encuentra la sede de Europa Press en Palma. | Alejandro Sepúlveda

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La presencia de agentes de la Policía Nacional en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press y en la redacción del Diario de Mallorca para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del 'caso Cursach', con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística provoca numerosas reacciones en las redes sociales contrarias a esta acción, en apoyo a los afectados y en defensa de el derecho a la información.

Tanto el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) como la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) se han pronunciado en redes sociales en contra de la intervención policial y de la orden dictada por el juzgado de instrucción número 12 porque entienden que supone una vulneración del derecho al secreto profesional amparado por la Constitución.

La presidenta Francina Armengol ha reaccionado a la noticia destacando que «la libertad de expresión es un de los pilares de nuestra sociedad. Mi apoyo a los profesionales de Diario de Mallorca y de Europa Press Baleares». Del mismo modo se ha reaccionado desde el Govern balear y Més per Mallorca. El presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, y el alcalde de Palma, Antoni Noguera, también han transmitido su apoyo a los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca. Según ha señalado Ensenyat en su propia cuenta de Twitter, «la libertad de prensa y el derecho a la información son básicos en una sociedad como la nuestra».

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también han rechazado este requerimiento de los agentes y han mostrado su apoyo a los compañeros de dichos medios. «Esta incautación vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero», subraya la FAPE en un comunicado. Para Acijur, los medios de comunicación «han mostrado, muestran y mostrarán siempre un decidido compromiso de apoyo a las instituciones del Estado de Derecho», si bien consideran que este deber no puede entenderse fuera de los principios constitucionales que rigen en España y que, entre otros derechos, amparan el secreto profesional. Por su parte, la PDLI ha calificado de «muy grave» el hecho de que la Policía haya requisado material de los periodistas y ha mostrado su apoyo a la agencia de noticias.

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El peridosita de El País J.J. Gálvez también ha tildado la acción de «persecución de la policía». Al igual que el periodista Antonio Martín calificando la situación de «un grave atentado a la libertad de expresión y el periodista Fernando J. Pérez que ha mostrado su apoyo con los periodistas afectados.

Los periodistas Angy Galvín, José María Olmo, Guillermo Esteban y Nekane Domblás, entre otros muchos también han mostrado su apoyo a los periodistas y rechazado los hechos.