El concurso de adjudicación de las tres licencias ha provocado tres recursos ante el TARC. | M. À. Cañellas

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Autocares Manacor, S.A. (Aumasa) y Globalia Autocares, S.A. han solicitado al Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) un certificado de que no se ha actuado sobre los expedientes del concurso de adjudicación de las tres concesiones interurbanas de transporte por carretera en Mallorca.

En el escrito remitido a la secretaría de la Mesa de Contratación del CTM se pone en tela de juicio las declaraciones realizadas por el director general Transports, Jaume Mateu, la pasada semana, en las que anunció que a finales de marzo se podría haber tomado una decisión sobre las empresas que van a pasar a cubrir el citado servicio regular.

Globalia y Aumasa afirman que, debido al elevado número de licitadores en cada uno de los tres lotes, «resulta, a nuestro entender, materialmente imposible que el Consorcio de Transporte de Mallorca esté en disposición de adjudicar el contrato a finales de marzo, de haberse respetado la suspensión del procedimiento acordada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) en noviembre pasado».

Fuentes de ambas empresas añaden que las manifestaciones del director general Mateu «trasladan al menos la duda de que, con desobediencia grave y expresa de la suspensión acordada por el TARC, aún vigente, se haya podido venir sustanciando la evaluación de las oferta de los licitadores admitidos con el recurso del TARC». El desarrollo de este concurso está generando auténticos quebraderos de cabeza en la Conselleria de Territori, Energía i Mobilitat por las consecuencias negativas que se están derivando de los recursos planteados ante el TARC.

En este contexto, la Mesa de Contratación, a instancias del tribunal, ha tenido que volver a incluir en el concurso a Globalia y Aumasa. Faltan dos recursos más, en concreto el Sepulvedana que puede anular los pliegos del concurso.

En consecuencia, las empresas piden a la Mesa de Contratación que se certifique si se ha respetado la suspensión acordada por el TARC en su resolución de finales de noviembre pasado y si «se ha paralizado toda actuación en relación con las ofertas presentadas por los licitadores inicialmente admitidos y, en concreto, cualquier actividad de evaluación de las mismas».