Jaume Matas, en octubre pasado en la Audiencia de Palma. | Pere Bota

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La Audiencia Provincial de Baleares juzga al expresidente del Govern, Jaume Matas, por una pieza del caso Turisme Jove a partir de este miércoles. La Fiscalía le pide un total de cinco años de cárcel e inhabilitación durante diez años por haber desviado, presuntamente, 120.000 euros de las arcas públicas.

En concreto, la Fiscalía acusa a Matas porque considera que durante su última legislatura (2003-2007) habría dado instrucciones a la Conselleria de Presidencia y Deportes para que transfiriera 120.000 euros en beneficio del exregidor de Calvià, Jesús García Oeo, que se consideraba perjudicado porque se le había rescindido un contrato con la administración para la explotación de albergues juveniles.

De esta manera, según la versión del fiscal, Matas habría ordenado a la Dirección General de Juventud -departamento dependiente a la Conselleria de Presidencia y Deportes- el pago ilegal de esta cantidad mediante la elaboración de siete facturas falsas, fechadas entre junio de 2006 y agosto del mismo año.

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La Fiscalía relata que si a la suma de estas facturas -108.097 euros- se le añaden 11.903 euros por otro pago conforme a servicios jurídicos se obtiene un total de 120.000 euros, una cantidad «similar» a la que García Oeo reclamaba (120.230 euros) por daños y perjuicios después de que se le rescindiera el contrato de los albergues.

Por estos hechos, a Matas se le imputa un delito de malversación, uno de prevaricación y un delito de falsedad en documento mercantil. También se le pide la indemnización a la Comunidad autónoma de 108.097 euros.

Cabe recordar que en 2013, los acusados de urdir una trama para desviar fondos públicos del consorcio Turisme Jove se declararon culpables y pactaron penas de entre nueve meses y tres años y siete meses de prisión. Entre ellos, el exdirector general de Juventud Juan Francisco Gálvez y el exgerente de Turisme Jove Damià Amengual aceptaron tres años de prisión, y el exjefe de Servicios de la empresa Juan Francisco, tres años y siete meses.

Esta es la última causa del también exministro de Medio Ambiente, junto al caso Son Espases. Respecto a esta, la Audiencia Provincial tiene previsto celebrar una vista previa para determinar si se llega a un pacto de conformidad antes de la celebración del juicio que está previsto para que se desarrolle durante el mes de junio.