Estas condiciones eran poder acreditar que la instalación que se quería legalizar fuera anterior al año 1991, que tuviera uso agrario y que en ella existiera una explotación agraria comprobada con anterioridad a la aprobación de la ley. Los cálculos del Govern apuntaban a que la medida podría llegar a beneficiar a centenares de instalaciones y construcciones en suelo rústico sin ningún tipo de autorización.
Menos de lo esperado
Los expertos entienden que cualquier construcción que cumpliera esos requisitos quedaba automáticamente legalizada, pero la realidad ha sido que apenas 106 instalaciones de este tipo han presentado papeles en la Conselleria de Medi Ambient para consolidar la legalización. Los datos de que dispone de la Conselleria de Medi Ambient señalan que en 2015 hubo 25 legalizaciones; en 2016 apenas fueron 12; en 2017 llegaron a 35 y el año pasado sumaron 34.
El director general de Agricultura del Govern, Mateu Ginard, explicó que su departamento también ha denegado varias peticiones ya que no cumplían los requisitos que marca la ley. En todos estos años, ha habido un total de siete denegaciones de permiso. Ginard reconoce que no existe una estimación precisa de cuántas instalaciones agrarias están levantadas sin licencia, pero precisó que, si piden certificación y cumplen las exigencias de la ‘ley Company', la Conselleria tiene la obligación de dar el certificado.
Además de estas peticiones de legalización, en los últimos cuatro años el Govern ha recibido, además, un total de 538 solicitudes para instalaciones y construcciones agrarias de todo tipo. Un total de 202 son edificaciones agrícolas, pero además hay 27 bodegas, 28 actividades ecuestres y 20 agroturismos.
1 comentario
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Si son edificaciones agrarias por lo menos responden a un uso propio del suelo rustico. Lo que es realmente impropio y aberrante son los chaletazos, una verguenza.