El abogado Jaime Campaner, en su despacho profesional. | Jaume Morey

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El abogado y profesor de la UIB Jaime Campaner publicará en pocos días el libro Publicidad y secreto del proceso penal en la sociedad de la información. En él, analiza la tensión que sufren las causas al salir a los medios de comunicación y el complicado equilibrio entre la libertad de información, los derechos de las partes y el éxito de las investigaciones. «La judicatura no puede dejarse llevar por la voracidad informativa», asegura el abogado. El libro está prologado por el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral.

Campaner apuesta por un escenario en el que las instrucciones sean secretas de forma efectiva, salvo casos puntuales y con información «genérica» y que la fase de juicio sea todo lo contrario, aunque con posibles excepciones. «La vulneración del secreto de sumario, tanto el interno (el especial que decreta un juez hacia las partes) y el externo (que opera hacia el público en todas las causas) afecta a derechos de personalidad, al honor y a la propia imagen, estigmatiza a las personas y puede afectar a la investigación», señala.

El letrado recuerda que en países como Francia es delito para los periodistas publicar información que deriva del secreto de sumario: «Se imponen sanciones severísimas pero por castigar penalmente no se han erradicado esas conductas», señala. También ve límites en la autorregulación de los medios: «¿Qué medio va a reprimirse de publicar una información veraz?» Insiste en los daños para la presunción de inocencia que considera un principio especialmente castigado tanto a nivel social como legislativo y judicial.

El libro pone ejemplos de casos especialmente tensionados por su aparición en los medios, como ‘La Manada'. Campaner prefiere no pronunciarse sobre las actuales investigaciones sobre vulneración del secreto en Palma en torno al ‘caso Cursach', en el que está personado como abogado. Sí reclama espacios de «sosiego» para las partes, por ejemplo para explicar a los afectados el fondo de una decisión judicial antes de que sea conocida por los medios. «Se ha pasado por parte del Consejo General de una mordaza al otro extremo, al ritmo frenético». Eso sí, apunta a múltiples «zonas de grises» y a la necesidad de actuar según cada caso.