Vista de unas obras en Palma. | Teresa Ayuga - Palma

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El presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, Eduardo López, considera que el decreto que les obliga a suspender la actividad imponiendo un permiso retribuido por la crisis del coronavirus «discrimina totalmente al sector» y «es inconstitucional» por vulnerar principios de igualdad.

En declaraciones a Europa Press, López ha expresado el descontento de la asociación por «cómo se ha implementado» el decreto. La entidad solicitó la semana pasada -en una nota de prensa conjunta con los promotores de Baleares- la suspensión de la actividad para garantizar la salud de los trabajadores, pero con las medidas finalmente acordadas, alerta de que «las empresas van a tener muchísimas dificultades» que podrían acabar en quiebras.

López ha explicado que hay empresas de la construcción en las que la mano de obra tiene un elevado peso sobre las cuentas, por lo que «si no trabajan durante 15 días no van a poder pagar a final de mes las nóminas».

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Al no poder realizar despidos, ha continuado el presidente de la patronal, estas empresas «no van a poder soportar la carga» y se verán abocadas a quiebras y concursos de acreedores, en un sector que en Baleares emplea a unas 55.000 personas. «Ni unos ni otros cobrarán, se habrá destruido empleo y el sector será un auténtico desastre», ha lamentado.

El presidente de la Asociación de Constructores ha argumentado también que el convenio general de la construcción impide la recuperación de horas planteada por el Gobierno, por lo que ha criticado las «incongruencias» en el texto.

Asimismo, López ha protestado por la dificultad que supone para las constructoras preparar el cierre teniendo en cuenta que el decreto se publicó la pasada noche. Así, ha expresado su preocupación por la imposibilidad de acometer en 24 horas determinados trabajos «imprescindibles para la seguridad de las obras».

Este lunes, el Govern balear ha paralizado todas las obras públicas que estaba llevando a cabo en aplicación del decreto para reducir la movilidad de la población en la lucha contra la COVID-19. Se han detenido, entre otras, obras en centros educativos, la construcción de residencias, trabajos en puertos y obras de vivienda pública.