El abogado José Luis Castañeda responde a preguntas de periodistas frente al Hangar de la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México (México). | Efe - Mario Guzmán

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El empresario Alonso Ancira, conocido como el Rey del Acero, encarcelado en Palma desde el año 2019, llegó a México la tarde de este miércoles extraditado en un avión desde España para enfrentarse a los delitos de corrupción y blanqueo de los que es acusado en el país latinoamericano.

El avión de la Fiscalía General de la República (FGR) que transportaba al empresario llegó al aeropuerto de Ciudad de México a las 17.10 (23.10 GMT), desde donde informa la prensa local que será enviado al Reclusorio Norte de la capital para comparecer ante el juez de control.

Pero para evitar la cárcel los abogados de Ancira presentaron suspensión contra la orden de aprehensión. «Hoy se emitió (la suspensión), se dictó una suspensión provisional contra la ejecución de la orden toda vez que no es un delito grave que merezca una prisión preventiva oficiosa cómo lo marca la Fiscalía», dijo a medios el abogado José Luis Castañeda.

El letrado señaló que toda la tarde intentaron notificar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que los recibiera, además de intentar hablar con quien corresponda, hasta las 19.00 horas y » no nos han querido recibir».
Castañeda dijo que a pesar del suspensión, la Fiscalía intentaría poner a Ancira a disposición del juez.

El vuelo de Ancira despegó de Palma, donde el magnate permanecía detenido desde su captura en este aeropuerto en mayo de 2019 en cumplimiento de una orden de detención emitida por México, e hizo escala en Canadá antes de llegar a Ciudad de México.

Ancira se enfrenta en México a acusaciones por delitos que causaron «grave daño patrimonial» a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), según ha informado la Fiscalía mexicana. La investigación contra Ancira se originó por una denuncia que Pemex presentó en marzo de 2019.

Los delitos que se le atribuyen están relacionados con la investigación en marcha de la venta con un supuesto sobreprecio de una planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.
Según los investigadores, la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por Ahmsa cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, quien también se encuentra enfrentando un juicio en México.

Fuentes del Gobierno de México indicaron que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

El auto judicial argumenta que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, «pagando por adelantado» para que cuando este fuera el director general de Pemex se procediera a la «adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos».

La Audiencia Nacional española falló que los delitos por los que México reclama a Ancira se pueden considerar como tales también en España y descartó tanto que los hechos hayan prescrito como la persecución política que alegaba la defensa de Ancira.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en diversas ocasiones estar a la espera de que Ahmsa haga el pago de los 200 millones de dólares entregados en la administración federal anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto, por la compra de la planta de Agronitrogenados.

Sin embargo, a mediados de enero, aseguró que los nuevos socios de Ahmsa aceptaron devolver los 200 millones de dólares al Gobierno, lo cual harían en varios pagos, aunque aún se espera que la FGR determine si es conveniente este acuerdo.