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Un juzgado de Instrucción de Palma investiga a tres antiguos altos cargos de la Conselleria d'Educació por las falsedades de certificados para acceder al colegio Sant Francesc, un caso por el que ya fueron condenados doce padres . En aquel proceso quedó demostrado que estos acusados habían falseado informes para conseguir puntos que permitieron a sus hijos garantizarse una plaza en el centro escolar en el año 2013. Ahora se investiga la actuación de la Conselleria ante el procedimiento penal.

En la causa están investigados el ex director general de Planificación, Bartomeu Isern , y quienes entonces eran jefes de servicio de escolarización y del departamento jurídico. Están imputados por delitos de prevaricación y de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia la impulsa Manuel Forteza-Rey , el mismo denunciante de los falsos certificados.

La denuncia sostiene en primer lugar que los investigados prevaricaron al no excluir a los padres investigados del proceso de escolarización. Sostiene que la orden vigente en ese momento obligaba a la expulsión y que, cuando la Administración detectó una serie de nueve irregularidades en el proceso en las que la puntuación había sido incorrecta, no procedió a advertir a esos padres sino que se limitó a hacer un nuevo cálculo del baremo .

Ese nuevo listado mantenía a cuatro personas que no habían recurrido la adjudicación de plaza por delante del padre denunciante pero no se las informó tampoco de la posibilidad de reclamar una plaza en el centro porque no habían recurrido. Así, según la denuncia, la actuación de los investigados no supuso cambio alguno a la situación fraudulenta. La segunda parte deriva directamente del juicio que se celebró en marzo de este año. Uno de los padres que fue acusado declaró que había admitido una falsedad ante la Conselleria.

En este caso, su empresa envió un certificado según el cual no trabajaba en el centro que había indicado en la preinscripción escolar y que había falseado la firma de la jefa de recursos humanos de la empresa para aprovechar los puntos por zona de motivo de trabajo. El acusado admitió en el juicio que había reconocido esta falsedad a la Conselleria y ahora se intenta aclarar si existía obligación de alertar a Fiscalía de un posible delito de falsedad.

Los tres funcionarios han pasado ya por el juzgado para declarar y han defendido su gestión en torno a este procedimiento. El juicio contra los padres terminó en condena generalizada al quedar probado que se habían aportado certificados médicos y laborales falseados para ganar puntos, algunos como justificar con varios catarros una enfermedad grave.

Condenas de nueve meses de cárcel a los padres De los doce padres que fueron juzgados por falsear informes , ocho reconocieron el delito y aceptaron el pago de una multa . Otros cuatro fueron condenados a penas de nueve meses de prisión y una multa de 2.160 euros. La sentencia no implicaba la expulsión de los alumnos.

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