Imagen de la recreación del tranvía, uno de los proyectos presentados. | Ultima Hora

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El Gobierno de Pedro Sánchez amenaza con llevar al Constitucional el decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos. Ha alertado al Govern de que cuatro de los artículos incorporados en el decreto pueden ser inconstitucionales porque el Ejecutivo de Francina Armengol no tiene competencias para adoptar las medidas que se incluyen en ellos.

Se trata de los artículos 7, 19, 22 y la disposición final 4ª y la amenaza de recursos ha obligado a crear una comisión bilateral negociadora que ahora deberá resolver las discrepancias entre las dos administraciones. En casos precedentes, que también se han dado con ejecutivos del mismo color político, lo habitual es que el Govern termine cambiando la ley.

Los aspectos que cuestiona el Gobierno en esta ocasión tienen que ver con los procedimientos que quiere utilizar el Govern de Francina Armengol para la gestión de estos fondos. Se aprueba una tramitación de urgencia y despacho prioritario de los procedimientos que comporten expedientes de gasto. De acuerdo con esta declaración legal, la tramitación de urgencia y el despacho prioritario en cada caso no requieren ninguna motivación específica.

El Gobierno también cuestiona al artículo que regula los plazos de valoración de los proyecto. Estipula diez días hábiles desde la fecha de apertura del sobre correspondiente y 30 días para la adjudicación del contrato. También incluye que se puede contar con la valoración de un grupo de expertos, que pueden ser empleados públicos o profesionales expertos. El artículo cuestionado añade que el órgano de contratación debe designar un responsable del contrato, el cual debe supervisar la ejecución. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato debe ejercerlas el director facultativo. También se puede contratar una asistencia externa.

Los funcionarios

Otro aspecto del decreto con el que no está de acuerdo el Gobierno es la posibilidad de establecer comisiones de servicios de los funcionarios para dar más agilidad a la tramitación de los proyectos. El Govern daba a los funcionarios tres días de plazo para pedir la comisión y, en caso de que la convocatoria quedara desierta, se facultaba al Govern a atribuir directamente al personal funcionario la ejecución de tareas o funciones diferentes a las de su puesto de trabajo.

El Govern asegura que ahora se abre el proceso de negociación con el Gobierno para resolver las discrepancias y añade que está convencido de que llegarán a una acuerdo satisfactorio para ambas partes.