El informe también destaca que las medidas de protección de los fijos discontinuos han supuesto 514 millones de euros y han beneficiado unos 106.000 trabajadores de Baleares; mientras que la cobertura de 177.000 trabajadores en ERTE en las Islas suma 845 millones de euros; y la prestación extraordinaria para autónomos, más de 302 millones. Por otro lado se han invertido 330 millones de euros del Fondo Extraordinario para reducir los efectos de la COVID-19 en las finanzas públicas de Baleares.
Igualmente, desde la Delegación del Gobierno han resaltado los más de 75 millones de euros para medidas de transición ecológica y apoyo a la innovación y la modernización. Esto incluye 23,7 millones para proyectos de generación térmica y eléctrica con fuentes renovables, impulso a la eficiencia energética en el sector industrial y los edificios residenciales -con 8,7 millones-, descarbonización de la movilidad en los entornos urbanos y metropolitanos -23,4 millones de euros-, así como 10 millones para el Plan MOVES III. Además el Estado ha invertido en el último año más de 11 millones de euros en una veintena de proyectos de investigación en el ámbito sanitario y en la adquisición de equipos de alta tecnología para el Sistema Nacional de Salud en las islas.
Las actuaciones de digitalización representan una inversión global de más de 43 millones de euros: para la transformación digital de las administraciones, la implantación de la banda ancha en 52 municipios y la financiación de cuatro proyectos de desarrollo tecnológico industrial. En proyectos de formación y la cualificación profesional se incluye el Plan de Modernización de la FP, que supone para Baleares más de 10,5 millones, y más de 24 millones de euros que se destinan a la cualificación y recualificación de la población activa, programas públicos de empleo y otras iniciativas de Formación Profesional para el Empleo.
Además, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha destacado acuerdos como el del Factor de Insularidad, con una partida específica este año de 183 millones de euros, o los relativos a la nueva Política Agraria Común (PAC). Calvo ha apelado a la actitud de «diálogo» sosteniendo que ha permitido «desbloquear» proyectos como los del futuro tranvía y la nueva depuradora de Palma. Otros grandes proyectos son la remodelación del Paseo Marítimo de Palma, la reforma del barrio de La Marina-Dalt Vila de Ibiza o el despliegue de nuevos proyectos de impulso a las energías renovables en Menorca, dentro del programa Solbal II.
Afirma que el Estado «consolida su compromiso» con las Islas
Por todo ello, Calvo ha defendido que el Gobierno de España «consolida su compromiso con Baleares, a través de proyectos estratégicos para todas las islas y del reconocimiento de la insularidad». La delegada del Gobierno ha asegurado que «el balance es positivo» para el archipiélago y que «constata que el Estado acompaña a las Islas en el proceso de modernización y transformación que se ha iniciado durante esta primera mitad de la legislatura».
Por otro lado, Calvo también ha ensalzado los acuerdos entre el Gobierno y los agentes sociales para la reforma laboral y la del sistema de pensiones, confiando en que la reforma laboral «comportará la creación de empleo digno y recuperará derechos para los trabajadores». En este sentido, ha pedido «la implicación de todas las fuerzas políticas, y sobre todo del principal partido de la oposición, porque los ciudadanos no merecen que se les deje en la estacada».
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