Juicio por convertir un ‘safareig’ en una piscina en una zona protegida de la Serra

Imagen de archivo de una piscina construida en la Serra. | Redacción Local

Víctor MalagónPalma22/02/22 3:59
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Los tres acusados de intentar construir una piscina en una zona protegida de Banyalbujar se defendieron este lunes en el juicio en el que la Fiscalía les reclama un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. Las defensas del propietario de la finca, el arquitecto que se hizo cargo de la obra y el responsable de la empresa constructora rechazan que hayan cometido ningún delito y argumentan que el terreno se ha devuelto a su estado previo sin llegar a construir piscina alguna.

En la vista, celebrada este lunes en un juzgado de lo Penal de Palma, declararon los guardias civiles y los inspectores municipales que revisaron la obra después de una denuncia interpuesta por unos vecinos. Relataron que se encontraron con una construcción y que se estaban instalando elementos que delataban una piscina, como el vaso, filtros o el hueco para instalar una depuradora.

Los tres acusados negaron ayer que llevaran a cabo obras más allá de la licencia que habían obtenido para arreglar el estanque de la finca. Explicaron que la propiedad tenía permiso para construir un estanque y que, como este estaba cerca de la casa, se instalaron unos tubos de PVC para permitir que se oxigenara el agua. El arquitecto acusado señaló que el permiso municipal le habilitaba para construir una instalación de veinte metros cuadrados, pero que él mismo decidió hacerlo más pequeño, ante los problemas de estabilidad que tenía al encontrarse en una zona montañosa. Las defensas añaden que, en todo caso, el delito se habría cometido en grado de tentativa porque no se llegó a completar la obra y el bancal en el que se iba a hacer la actuación está igual que antes.

La obra se llevaba a cabo en unos terrenos afectados por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del espacio. El propietario de la finca había solicitado licencia del Ayuntamiento para arreglar un safareig que estaba construido ya cuando adquirió el inmueble y que, por lo tanto, era legal. Una vez que estalló el caso y que se dirigió por la vía penal se paralizaron las obras hasta que se resuelva vía sentencia. Cada año en Balears llegan a juicio una decena de delitos contra la ordenación del territorio. La gran mayoría de asuntos desemboca en la demolición de las obras ilegales.