Neus Truyol declaró como investigada en febrero de 2020 por los vertidos. | Atienza

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El titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma ha dictado un auto en el que aprecia la existencia de indicios de delito contra el medio ambiente por parte de la antigua cúpula de Emaya por los vertidos de aguas fecales a la bahía. El magistrado rechaza en el mismo escrito las peticiones de archivo del caso presentadas por los imputados, encabezados por la actual concejal de Urbanisme de Cort y antes presidenta de Emaya, Neus Truyol. Así, inicia los trámites para que el asunto llegue a juicio y da traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente para que formule escrito de acusación.

El magistrado Santiago Pinsach, que asumió el juzgado a finales de año, ha sido expeditivo. Se basa en los informes del Seprona, del Instituto Geológico Nacional y de la Fiscalía que constatan la presencia de contaminantes en la bahía de Palma como consecuencia de los vertidos que se llevan a cabo desde la red de Palma. El problema está en la falta de capacidad de la depuradora para hacer frente al caudal cuando llueve. Aún así entiende que los investigados, «no actuaron eficazmente» para hacer frente a esta situación y acota los hechos que llegarán a juicio al periodo entre noviembre de 2016 y la interposición de la denuncia, en septiembre de 2018. El primer plazo lo fija el archivo de unas diligencias informativas de la Fiscalía de Medio Ambiente que ya alertaban de los vertidos y que se archivaron con el compromiso de los entonces dirigentes de Emaya de solucionar el problema.

Conocían los vertidos

El auto se basa en esas diligencias anteriores para concluir que existen indicios de que los investigados eran conscientes del problema y que la situación se prolongó. Además de Truyol, en la causa están investigados la antigua gerente de la empresa pública, Inmaculada Mayol, y varios técnicos de Emaya. Sus defensas ya han planteado recursos ante la Audiencia Provincial en contra de la decisión judicial. Insisten en que la situación de la depuradora se arrastra desde hace décadas sin que la competencia sea exclusiva de Emaya que, sostienen, no tiene capacidad para abordar en solitario una obra de esa envergadura. De hecho, la licitación de la    nueva depuradora    fue publicada la semana pasada por el Ministerio de Medio Ambiente.

A partir de ahora es el turno de la Fiscalía para concretar la acusación. El Ministerio Público pidió hace ya más de un año al juzgado que abriera la fase intermedia y entendía también que existían indicios suficientes para mantener una acusación formal en juicio. Esta es una de las dos causas abiertas en torno a los vertidos de Emaya en la bahía de Palma. En la otra, tramitada por otro juzgado, se investiga la denuncia presentada por una asociación de navegantes contra el Govern. En este caso, se acusa a la Administración autonómica de no multar a Emaya y a los responsables municipales ni perseguir con sanciones los vertidos y los fondeos.