Alfonso Aguiló antes de la entrevista, en Palma.    | Jaume Morey

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Alfonso Aguiló (Madrid, 1959) habla con un tono de voz muy bajo, pero responde con contundencia, incluso a las preguntas más polémicas. «Para que la educación sea plural y asequible hay que subvencionar a la enseñanza privada», defiende sin tapujos el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que ayer estuvo en Palma por un encuentro con la delegación balear. «Si resulta que el que no tiene dinero solo puede ir a la pública, quiere decir que solo tiene una única oferta», continua, y argumenta que el sistema de ayudas a la concertada es una «evolución» del derecho a la educación. «Se introdujo como una cuestión clave después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que el Estado tuviera un monopolio de la enseñanza, y como una forma para luchar contra el adoctrinamiento», dice. Sobre el hecho de que cualquier persona, tenga las ideas que tenga, pueda sacarse una oposición para ser profesor en la pública, responde que aun así su trabajo «está gobernado por los poderes públicos».

Aguiló admite que en los centros concertados hay segregación por renta, pero culpa al Gobierno. «Es cierto que hay un punto más de diferencia social, pero está provocado por las políticas públicas», afirma. Insiste en que si la financiación de la concertada es insuficiente y los centros tienen que «pedir aportaciones voluntarias», se estimula la segregación. Rechaza la zonificación «estricta» que determina a qué centros se puede optar, y ve más eficaz «detectar los focos de dificultad» y aplicar planes de ayuda específicos.

El presidente, miembro del Opus Dei, defiende la segregación por sexos en las escuelas. «La cruzada que hay contra este modelo no tiene justificación», comenta, y recuerda que está legitimada por múltiples sentencias del Tribunal Constitucional. De hecho, han recurrido por este motivo la nueva ley educativa, la LOMLOE, que busca acabar con ello. Sobre la normativa, se muestra descontento, porque considera que reduce la capacidad de elección de las familias y lamenta que la planificación no se haga conforme a la demanda social. Tampoco ve bien que se den «prioridades a la pública», respecto a la concertada y la privada.

En cuanto al papel que tendrá ahora la asignatura de Religión, que será voluntaria y las notas no contarán para la media académica, simplemente se conforma con que se «respete». «Este asunto no era decisivo, pero debe de respetarse no porque haya acuerdos entre el Estado y la Iglesia, sino porque es parte de nuestra cultura y hay una demanda enorme por parte de las familias, superior al 60 %, que todos los años piden religión en España», explica. Un porcentaje que se ha reducido por primera vez este curso, según informó esta semana la Conferencia Episcopal. Aguiló critica que el Gobierno haya excluido a la concertada para recibir la parte de los fondos europeos que se destinarán a la educación de 0-3 años. «Es una discriminación flagrante», dice.

El apunte

«Me ‘wasapeo’ con la ministra»

Alfonso Aguiló asegura que su relación con la ministra de Educación, Pilar Alegría, es «cordial». «Me wasapeo con ella», asegura, y destaca que «no tenemos opción política, trabajamos con el que gobierna y ha sido elegido democráticamente». Esto no quita que critiquen al Gobierno    por haber aprobado con poco margen los nuevos currículums de ESO y Bachillerato.