Mari Carmen Serra. | Pere Bota

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Mari Carmen Serra lleva 8 meses viviendo un infierno. Su casa en Alcudia está okupada y no puede pagarse un alquiler porque tiene una hipoteca, así que no ha tenido más remedio que mudarse con su hermana y su familia y separarse de su hijo, que ahora vive con su padre. Si no tiene suficientes problemas, le han notificado que le van a embargar la nómina para cubrir los recibos de la luz, que están a su nombre, y que el okupa no ha pagado.

«No le deseo a nadie el sufrimiento por el que estamos pasando y la impotencia que siento las 24 horas. He acudido a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al ayuntamiento de Alcúdia y no pueden hacer nada. La ley les ata de pies y manos a la hora de actuar. Pago una hipoteca pero tengo que vivir de prestado en casa de mi hermana. No es justo. Y ni siquiera puedo acercarme al edificio. Tengo un trastero allí con enseres personales y este hombre ha amenazado con denunciarme por acoso si me acerco por allí», lamenta Mari Carmen, que se ha unido a una plataforma nacional de afectados por la 'okupación', y espera que en los próximos meses, con suerte, se solucione esta situación.

Mari Carmen llevaba unos años viviendo en Madrid, donde regentaba un bar. La pandemia fue muy dura y el negocio se vino abajo, por eso el verano pasado pensó en hacer las maletas y volver a Mallorca. Su piso en Alcúdia lo tenía arrendado a un inquilino que llevaba tres meses sin pagar el alquiler. «Si no pagaba, yo no podía hacer frente a mi hipoteca y al alquiler de mi piso en la capital. La pescadilla que se muerde la cola», explica con pena.

Avisó a su inquilino moroso de que tenía la intención de volver a la Isla y tenía que dejar el piso. En julio se presentó en su casa y descubrió que su arrendatario, que seguía sin ingresar el alquiler, además había subarrendado el resto de habitaciones. Logró que se fuera por las buenas, eso sí, sin cobrar los meses de retraso, al igual que dos chicas que vivían allí, pero el cuarto residente se ha negado a marcharse. El problema lo arrastra desde entonces.

Vulnerables

«No hay forma de que se marche. Ni siquiera sé si ha metido a más gente en mi casa. Los vecinos dicen que hay más ruido del habitual, pero no podemos comprobarlo porque no interactúa con nadie. Casi no sale de casa y la compra se la traen del supermercado. Lo que sí he descubierto es que ha intentado empadronarse en el piso. Por ahora he tenido suerte, no lo ha conseguido. Si lo logra, va a ser imposible sacarlo de ahí», se lamenta esta mujer.

En este sentido, se indigna al recordar que como tiene trabajo, no puede recibir ninguna ayuda municipal. «Tengo un contrato ¿Y qué? Vivo en casa de mi hermana, separada de mi hijo. ¿Voy a tener que irme debajo de un puente para que me ayuden?», se pregunta. «Lo más frustrante es que si el okupa demuestra que es una persona vulnerable, el ayuntamiento de Alcudia tendrá que ayudarle a él. Esto es indecente. Me está haciendo la vida imposible. Tengo que tomar medicación para sobrellevar esta situación», dice Mari Carmen, que tiene su piso a 300 metros del trabajo, pero cada día se ve obligada a coger el coche desde la casa de su hermana en el Port de Alcudia para llegar a trabajar. ¿Cuándo finalizará esta pesadilla? No lo sabe.

El apunte

Cada día se okupan dos viviendas en Baleares

Según la última estadística de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio del Interior, la okupación se ha disparado en el segundo año de la pandemia, y en Baleares es en la que más aumentó esta práctica, con 407 casas okupadas hasta el mes de septiembre, lo que supone un incremento del 73,9 % respecto al mismo periodo del año anterior. Es el mayor porcentaje de incremento de toda España, donde la media ha crecido solo un 18 %.