Patricia Gómez. | ARCHIVO

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El Servei d'Inspecció de la Direcció General de Prestacions i Farmàcies, dependiente de la Conselleria de Salut, realizó el año pasado un total de 243 inspecciones. A raíz de estas actuaciones, se impusieron un total de 166.500 euros en sanciones. Las sanciones se deben a incumplimientos en la normativa de farmacia y productos sanitarios, así como a deficiencias sanitarias detectadas por los inspectores de la Direcció General.

La mayor parte de las inspecciones corresponde a oficinas de farmacia (155), fabricantes a medida de productos sanitarios (9), ventas de productos sanitarios sin adaptación (18), detallistas de medicamentos para uso veterinario (3), clínicas veterinarias (25), distribuidores de medicamentos (4), laboratorios farmacéuticos (3) y centros sociosanitarios (12).

Para realizar estas inspecciones se aplican protocolos adaptados a cada tipo de establecimientos. Como novedad, durante el año 2021 se puso en marcha un plan de inspección de botiquines en centros veterinarios para comprobar si estaban adecuados a la normativa vigente, ya que están obligados a comunicar a la Administración la tenencia de medicamentos veterinarios. También se han llevado a cabo inspecciones en centros sociosanitarios de menos de 100 camas.