El empresario, Vicente Torrandell, propietario de Cárnicas Vicente, con su abogado, Antoni Monserrat.    | Alejandro Sepúlveda

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Cárnicas Vicente se defiende y niega cualquier irregularidad en sus instalaciones, mucho menos delito. Los responsables de la empresa, acusados por la Fiscalía y el Govern de un delito contra la salud pública, rechazan en sus conclusiones provisionales la acusación y cargan con dureza contra el inspector de sanidad que provocó la clausura del establecimiento. Según las conclusiones de la defensa, existen otra media docena de inspecciones en otras empresas en las que el mismo técnico encontró problemas similares a los que achacaba a la cárnica de Marratxí pero nunca adoptó resoluciones de esa dureza.

La defensa sostiene que, tanto en la congelación de los productos como en el proceso de conservación, se actuaba según la normativa. También pone de manifiesto la existencia de distintos criterios entre los dos funcionarios hasta el punto de reclamar un careo entre ambos.

También propone como testigos a los responsables de varios restaurantes de lujo de Palma que recibieron sus productos sin queja durante años. Las acusaciones públicas reclaman una condena de dos años de prisión para el propietario de Cárnicas Vicente y de la empresa matriz. El juicio está aún pendiente de señalamiento tras siete años de instrucción.