Además, ha añadido que desde el año 2010 han tenido una «pérdida de poder adquisitivo» de alrededor del 10 por ciento, con los «continuos recortes» a los que se han visto «sometidos», lo que ha supuesto una media de dos/tres meses de salario que «han perdido» durante «todo este tiempo», cada uno de los trabajadores. Por este motivo, piden que el poder adquisitivo «se actualice» y que la tasa de reposición «se elimine», debido a que se encuentra en el 120 por ciento en servicios esenciales y al 110 por ciento en el resto de servicios. Nieto ha recordado que este lunes se anunció la oferta pública de empleo para este año, que está en 47.000 plazas, y ha expuesto que en la última década se han perdido 51.000 empleos, por lo que consideran «insuficiente» el número de plazas ofrecidas. Otro de los puntos que reclaman es la igualdad en cuanto a las indemnizaciones por razones del servicio, lo que se refiere a las dietas.
«No es de recibo que una normativa que podríamos decir que es del siglo XIX, reconozca independientemente del grupo, que a unos se les pague más y a otros menos», ha explicado Nieto, quien ha añadido que piden «homogeneidad» en estas retribuciones. Este lunes pidieron audiencia con la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, para hacerle entrega del manifiesto que han redactado, y prevén el encuentro para este miércoles. En el manifiesto en cuestión exponen diversos puntos que critican, como la reforma de las pensiones, «avaladas con la firma» de UGT y CCOO, que ha propiciado un incremento en la edad para acceder a la jubilación y un recorte «de hasta 8.500 euros» si se accede a ésta a una edad más temprana de la establecida; el «deterioro» de la prestación sanitaria debido al déficit presupuestario con el que se han suscrito los actuales conciertos, así como el «reiterado» impedimento de las administraciones al derecho de la movilidad voluntaria, entre otros.
Por su parte, el portavoz de Jusapol en Baleares, Chechu Enrique, ha declarado que reivindican la «equiparación salarial» con las policías autonómicas y ha considerado que el Gobierno «se ha olvidado» de ellos y que «les tiene abandonados». Así, ha hecho hincapié en «el déficit de personal que están sufriendo» los funcionarios «tanto estatales como autonómicos», y pide «a los gobiernos de turno» que le pongan solución. «O le ponen solución o estamos abocados a que haya guardias civiles, policías nacionales o personal público durmiendo en coches porque es inasumible venir a Baleares», ha criticado, y ha añadido que «exigen y obligan» a los políticos lo hagan «porque es su deber hacerlo» y que «dejen de mirar hacia otro lado». En relación a la indemnización por residencia, ha asegurado que Baleares se «ha quedado a la cola» y que las diferencias con otras comunidades, como Canarias, son «abismales». «No tienen ese déficit de servicios públicos, porque la herramienta la tiene el Gobierno, el estatal y el autonómico, es voluntad poli tica que lo solucionen pero no quieren».
Piden a los políticos «que se pongan en marcha todos» para solucionar el problema porque sino «una de las mayores comunidades que mueve dinero» en el Estado, «se va a venir abajo por los servicios públicos que da». «Los ciudadanos de Baleares son de segunda o tercera en comparación con otras comunidades», ha apuntado. Como factor añadido, ha destacado que actualmente Baleares cuenta con la población flotante y que el archipiélago «va a estar saturado». En este sentido ha especificado que en Baleares «faltan» 700 guardias civiles. El próximo 12 de junio han convocado otra movilización junto a la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos (Unisep), por las indemnizaciones por residencia.
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