La Audiencia rechaza el intento de la Abogacía del Estado de reabrir el ‘caso Sa Nostra'

El tribunal recuerda que dictó sentencia el 11 de abril y que, según consta en el registro informático, la abogada del Estado la recibió y leyó ese mismo día a las dos de la tarde. «El recurso interpuesto tuvo entrada en esta sección el día 26 de mayo, un mes y quince días naturales después de tener esa parte conocimiento de aquella resolución», señala el auto. Los magistrados reprochan a la abogada del Estado que no haya explicado los motivos de su retraso. Recuerdan que el plazo para recurrir terminó el 24 de mayo, diez días después de la última notificación personal a uno de los acusados. «De existir, que no es el caso, algún precepto procesal que ampliara el plazo de interposición de recursos exclusivamente para la Abogacía del Estado en un procedimiento criminal, obligaría a este tribunal a presentar una cuestión de constitucionalidad por la afectación del derecho a un juicio justo y la defensa en igualdad de armas con las demás partes», reprocha el tribunal. La Abogacía del Estado ya formuló recurso contra la primera sentencia absolutoria en el juicio y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó a una segunda resolución por falta de motivación de la primera.

Sentencia

Ambas resoluciones descartaban cualquier tipo de responsabilidad penal o de mala fe por parte de los dos ex directores generales de sa Nostra, Pau Dols y Pere Batle. Insistían en que la caja de ahorros se encontró con un grave problema en el año 2007 con Son Bordoy al estar al borde la quiebra las dos constructoras dueñas de los terrenos que tenían financiación de la caja. Para hacer frente al posible hundimiento de ese activo recurrieron al promotor Martín Gual «no con el ánimo de beneficiarle a él en perjuicio de la entidad, sino porque pensaron que era el idóneo». Las sentencias se basaban en los correos electrónicos intercambiados por los ahora absueltos con Gual en el que se reflejaba la actividad para salvar la urbanización de Son Bordoy. El tribunal concluía que, si la operación fracasó fue posteriormente a la disolución de Sa Nostra y su absorción por BMN y por causas que no tuvieron nada que ver con la actuación de los antiguos directivos de la entidad financiera. La Abogacía ha anunciado un recurso de queja.