Baleares finalmente gestionará el impuesto de residuos

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este lunes en Moncloa. | Efe

Europa PressMadrid31/10/22 18:52
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una serie de anteproyectos de ley para la cesión definitiva de la gestión del impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos a seis comunidades autónomas --Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia--. Así lo ha trasladado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Ministros, que se ha celebrado este lunes. Las citadas comunidades son las que han solicitado que la cesión del tributo se haga de manera prioritaria, según se especifica en las referencias del Consejo de Ministros. Además, el procedimiento cumple con lo marcado en el Estatuto de Autonomía de cada territorio y en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las comunidades autónomas acordaron el pasado mes de julio impulsar la cesión del impuesto sobre depósito de residuos en vertedero --que entra en vigor el 1 de enero de 2023-- pero con la idea de que los territorios lo puedan ir asumiendo «con flexibilidad» y se haga a demanda de las propias regiones. Según recordó entonces la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, algunas comunidades autónomas tenían impuestos en sus territorios muy parecidos al se pretende poner marcha en el conjunto del país.

«Algunas tienen prisa por asumirlo porque tenían uno muy parecido en su territorio y otras han manifestado que no constituye una prioridad en este momento», explicó la ministra. La norma que mandató al Gobierno el Congreso de los Diputados dicta que se haga posible que las comunidades asuman competencias de gestión y de carácter normativo en torno a este impuesto, que responde al afán de la Unión Europea por profundizar en las cuestiones que tienen que ver con la transición ecológica y la fiscalidad medioambiental.