«Ya hemos avisado a las administraciones respectivas», ha añadido. Lo ha hecho en respuesta al diputado de CS Juanma Gómez, que ha trasladado la «angustia» que sienten estos jóvenes, según las entidades, porque al acercarse a la mayoría de edad desconocen cuál será su futuro, dónde vivirán y bajo que protección competencial. El 'defensor del menor' también se ha referido a las listas de espera para viviendas tuteladas en este sentido y ha apuntado que, el problema de la vivienda es general, aunque se ha rebajado la lista de espera y se ha pasado de unos 18 a cuatro o cinco en unos meses. En todo caso, ha insistido en la complejidad del problema de la vivienda en algunas islas.
Riera también ha explicado que la Oficina ha podido mejorar la problemática que existe en relación a los menores en situaciones conflictivas de pareja. Así, ha reivindicado que gracias a la pedagogía se ha podido mejorar la «mercantilización» a la que él mismo hizo referencia en la presentación del informe anual de la OBIA de 2021, motivo de la comparecencia en la Comisión. «Este tema siempre surge, porque hay veces que los padres no cuentan toda la verdad», ha explicado. Riera ha apuntado que este es uno de los problemas recurrentes de la oficina, aunque ha apuntado a un cierto descenso. También ha lamentado que, en relación a la venta de alcohol en estadios y campos de fútbol, la norma permite la venta siempre que no se trate de competiciones por lo que es habitual, durante los entrenamientos, a padre y madres consumiendo alcohol.
La protección de los menores en este escenarios es uno de los contenidos destacados de la memoria. Durante las intervenciones de los grupos parlamentarios, la diputada del PP Marga Durán ha lamentado que el informe, correspondiente a 2021, está algo desfasado y ha criticado la falta de concreción en relación a algunas acciones. La parlamentaria 'popular' ha asegurado que «ha echado en falta» un apartado extenso de conclusiones y ha apuntado que el informe tiene 20 páginas menos respecto al de 2020. Durán ha instado a mejorar el conocimiento público de la OBIA porque, a su juicio, el volumen de llamadas y reclamaciones no es coherente «con las problemáticas reales». Riera ha admitido que «faltan cosas» aunque ha explicado que esto se debe, en parte, a que la OBIA estuvo siete meses sin director y que lleva pocos meses en el cargo.
En todo caso, ha afirmado que lo más probable es que la memoria de 2022 esté acabada antes de la disolución del Parlament antes de las elecciones. La diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor, en líneas parecidas, ha pedido que el conocimiento de la OBIA se extienda entre los niños y, igual que ha hecho la diputada Més per Menorca Patrícia Font, ha alertado de la desigual distribución territorial. «Creo que se ha mejorado. Ha habido las mismas reuniones con todos los consells insulares», ha respondido Riera, sin embargo. Por parte del PSIB, Irantzu Fernández, ha animado a la OBIA a explorar otras vías de comunicación más allá del teléfono y la web, que no son los canales principales que utilizan los niños y los adolescentes.
Riera se ha referido, además, al informe de 2022 de la Fiscalía de Menores que alertaba del incremento de los delitos graves entre los menores y ha resaltado la colaboración con la institución y el seguimiento de sus recomendaciones, que se verán, probablemente, en la próxima memoria de la OBIA. Sobre la posible apertura de centro de menores en Mallorca, Riera se ha mostrado favorable y ha apuntado que, frente a las negativas iniciales, parece que podría ser una realidad este año «después de haberse dado los primeros acuerdos».
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