Turistas transportando sus maletas por el centro de Palma. | R.L.

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La Alianza para la excelencia turística (Exceltur) reclama nuevas herramientas legales «para evitar el crecimiento descontrolado y exponencial de las viviendas de uso turístico», un fenómeno que, subraya, tiene «efectos negativos sobre el dinamismo urbano».

En su último informe sobre la facturación empresarial del sector, Exceltur -asociación que agrupa a una treintena de compañías turísticas que incluyen grandes grupos hoteleros, de transporte y de turoperación- lanza una serie de propuestas para la mejora de la actividad turística durante la próxima legislatura, entre ellas la de promover un marco legal estatal que «empodere más» a las comunidades autónomas y los ayuntamientos y los ayude a hacer cumplir sus normativas.

Así, se demanda un decreto ley a nivel nacional que regule la actividad del sector del alquiler turístico y establezca mayores restricciones en «ámbitos clave» como las relaciones contractuales, las plataformas de comercialización, la ordenación territorial y las comunidades de propietarios. Respecto a esto último, Exceltur es partidario de establecer la obligatoriedad legal de un permiso de las comunidades de vecinos antes del inicio del uso turístico. En la actualidad, la comunidad puede vetar el alquiler turístico si cuenta con un apoyo de tres quintas partes de la misma, pero la ley no contempla la obligatoriedad de un permiso previo.

Óscar Perelli, director de Estudios e Investigación de Exceltur, señala que de esta manera «se conseguiría un control mayor que además empoderaría a las comunidades de propietarios». A su entender, «falta aún una mayor sensibilización» a nivel de los poderes públicos contra un fenómeno «que ha desembocado en una presencia masiva de este tipo de ofertas en las ciudades que expulsa al residente».

Asimismo, se propone la implementación de un sistema on-line que conecte a las plataformas de comercialización como AirBnb con los registros administrativos y permita vetar de manera automática las ofertas ilegales.

«El problema con estas grandes plataformas es que las administraciones locales encuentran muchas dificultades para enfrentarse a ellas porque no tienen el suficiente respaldo legal», asevera Perelli para recalcar que «no tenemos nada en contra las viviendas turísticas siempre y cuando estén regidas por estos criterios».

Esta nueva acometida de Exceltur contra el actual marco normativo del alquiler turístico no ha sentado bien en la Associació d'Habitatges Turístics de Balears (Habtur), que critica que «como siempre, los hoteleros no quieren competencia en el sector». La gerente de Habtur, Maria Gibert, observa que «es imposible establecer una regulación estatal porque las competencias están transferidas a las comunidades», las cuales «tienen normas que se han ido redactando a lo largo de los años según la visión de cada gobierno en particular».

Además, «los diferentes territorios estatales no comparten las mismas características o necesidades», señala Gibert para añadir que «lo que se debería hacer es garantizar la seguridad jurídica del sector para poder operar con tranquilidad y dejar de cargar siempre contra los mismos».