Juan Manuel Lafuente, en un momento de la entrevista en su despacho de la Conselleria. | Jaume Morey

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Juan Manuel Lafuente (Maó, 1963) es el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, gestionando un nuevo departamento en el Govern del PP, presidido por Marga Prohens. Además, Lafuente asume por primera vez la gestión autonómica de Costas.

Usted asume competencias de la antigua Conselleria de Medi Ambient, cuya desaparición se ha criticado desde algunos sectores.
—Las competencias y las direcciones generales siguen siendo las mismas. La gestión del medio ambiente no ha desaparecido, sino que se ha hecho transversal a través de tres conselleries: de la Mar i del Cicle de l'Aigua; Agricultura, Pesca i Medi Natural; y Habitatge, Territori i Mobilitat.

Es el primer conseller que gestiona Costas. ¿Qué se ha encontrado, teniendo en cuenta que la gestión estatal en Balears ha sido siempre muy criticada?
—Me he encontrado una situación muy complicada. Uno piensa que cualquier transferencia es positiva y así se podía deducir de Costas en una comunidad insular como la nuestra. En este caso, la transferencia ha sido decepcionante, se ha negociado muy mal. Falta personal, incluso con la incorporación que hizo el anterior Govern con fondos propios, no transferidos. No hay personal ni para ordenar los expedientes. Habrá unos 2.000 expedientes pendientes, algunos de ellos bastante antiguos. En total, tiene que haber 38 funcionarios, pero hay vacantes. Habrá que cubrirlas y, seguramente, crear posteriormente más plazas con urgencia, con nuestros propios recursos.

¿Qué gestiona el Govern y qué se queda el Estado?
—El Estado fija y cobra el canon de ocupación y explotación del dominio público. Las autorizaciones las podemos gestionar nosotros, pero las concesiones deben contar con el beneplácito del Estado. En definitiva, el dinero y la tutela siguen en manos del Estado. Habrá que crear un mecanismo de coordinación entre ambas administraciones, un protocolo de funcionamiento, pero tiene que ser ágil. Si no es así, no arreglamos nada.

¿Habrá ley autonómica de Costas?
—Tenemos margen para hacer una normativa autonómica, con rango de ley, que desarrolle la estatal, como ya han hecho Catalunya y Galicia. A través de esta normativa podemos ordenar la costa y las playas, determinando qué se puede hacer y no se puede hacer en cuanto a usos y servicios, así como establecer la protección de edificios históricos como los escars. La ordenación se hará en base a planes insulares. Hay que tener en cuenta la problemática específica de Formentera. En definitiva, se trata de hacer compatible la conservación con la actividad económica.

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¿Se permitirán ampliaciones de puertos deportivos y clubs náuticos?
—No están previstas nuevas infraestructuras portuarias, pero sí hay que trabajar en la modernización y ordenación de las instalaciones ya existentes, así como en los dragados. También habrá que incidir en la mejora medioambiental de estos puertos, sobre todo en la gestión de residuos.

¿Y en los puertos de gestión autonómica de Ports IB?
—El actual Pla Director de Ports es la normativa vigente. En nuestros puertos hay una gran demanda de amarres, actualmente unos 5.000 en lista de espera. La manera de atender al menos una parte de esta demanda es a través de mejorar y optimizar la gestión, reordenar las instalaciones, la creación de marinas secas y la potenciación de infraestructuras temporales, como pantalanes flotantes y nuevos campos de boyas ecológicas. En la reordenación, hay que tener presente que existen amarres con titular que están vacíos durante buena parte del año. Hay que aprovecharlos.

¿Ampliará la protección de zonas marinas?
—En principio, gestionaremos de modo real y efectivo las áreas protegidas que ya tenemos. Estudiaremos posibles ampliaciones, pero las decisiones siempre se tomarán en base a criterios técnicos y a la disponibilidad de medios. Proteger sólo en el papel es muy fácil.

Fuimos pioneros en depuradoras, pero, tras varias décadas, ahora son insuficientes o se han quedado obsoletas ante los crecimientos poblacional y turístico.
—Una parte importante del Impost de Turisme Sostenible -ITS- se dedicará, de manera finalista, al ciclo del agua, y eso incluye inversiones en depuración. Si fuimos pioneros en la creación de una red de depuradoras, ahora tenemos que ser pioneros en mejorar la calidad del agua tratada y en reutilizarla al máximo. Antes se vertía el agua depurada al mar. Ahora hay que reutilizarla para cerrar el ciclo del agua. El agua depurada tiene que servir para recarga de acuíferos, usos agrarios o limpieza de la vía pública, entre otros ejemplos. El problema es que las aguas residuales llegan a las depuradoras muy salinizadas. Igualmente, hay que abordar las pérdidas en las redes de agua potable, cuya media balear supera el 20 %. Con este objetivo, a través del ITS y fondos europeos, llegarán ayudas a los ayuntamientos. Trabajaremos en línea con los consells.

La red en alta de Mallorca, ¿continuará hasta Manacor y el Migjorn?
—En principio, sí. Estamos pendientes de estudios técnicos para analizar la situación.

Podemos mejorar infraestructuras, pero el cambio climático amenaza con menos lluvias y si seguimos creciendo...
—No se trata de aplicar medidas aisladas. Todo es complementario: concienciar a la población sobre la necesidad de un consumo racional, reducir las pérdidas en las redes, mejorar las depuradoras, reutilizar el agua tratada e infiltrarla en los acuíferos, aprovechar las desaladoras para que éstos puedan descansar y recuperarse... Si aplicamos todas estas medidas a la vez, tendremos resultados.