Se vivieron momentos de tensión en la asociación de la tercera edad de Son Cladera | Pere Bota

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Tarde tensa en la sede de la Asociación de la Tercera Edad La Cala, en el barrio de Son Cladera. Este lunes se reunieron un centenar de sus 500 asociados para discutir los detalles del desalojo del local, situado en la calle Canonge Antoni Sancho, donde se han celebrado encuentros, partidas de bingo y baile. Los impagos del alquiler han agotado la paciencia de la entidad financiera, propietaria del establecimiento, y lo ha vendido.

Los gestores de la asociación tienen que entregar las llaves del local pero un grupo de asistentes se ha rebelado. Los nervios y el enfado entre los asociados que acudieron a la reunión era patente. Yumelis Coronado representa al sector de socios molesto con la gestión. «De la noche a la mañana nos llegaron rumores de que querían cerrar el club, sin junta ni reunión ni informar a los socios», aunque esta situación ya se venía publicando desde hace meses en los medios. Coronado acudió acompañada del abogado Francisco Fernández, para plantear una auditoría de las cuentas y prometió hacerlo gratis.

La presidenta de la Federació d'Associacions de Persones Majors, Jerónima Marqués, asistió a la reunión, donde ejerció como «mediadora. La entidad bancaria ha vendido el local. En 2019 la asociación de personas mayores tuvo problemas y empezaron a acumular deudas». Ahora la Federació ofrece a la asociación seguir con sus actividades «en el casal de barri de Son Cladera, pero un grupo de asistentes se ha negado a dejar el local», afirmó Marqués.

La asociación llegó a adeudar 18.000 euros a la propiedad del local. La pandemia y la bajada de ingresos por el impago de cuotas (solo 20 euros al año) fue la puntilla que provocó una situación que ya no se pudo revertir. En junio del año pasado casi fueron desahuciados pero se pudo frenar el lanzamiento. En aquel momento, Francisco Moral, presidente de la asociación de la tercera edad, que renuncia a su cargo, señaló que «desde el Consell de Mallorca nos dijeron que nos ayudarían a pagar el alquiler pero cuando fui con las facturas pendientes, me contestaron que ya no podía pedir nada».

Marqués denunció que en la entidad insular «se les dijo que les iban a dar una subvención que al final no llegó». Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns, señaló el verano pasado que «muchas asociaciones se han encontrado con dificultades para pedir subvenciones por la brecha digital», lo que ha ocurrido en Son Cladera. Ahora el futuro de esta asociación pende de un hilo.