Acción por la lengua. Activistas de Endevant colgaron ayer un cartel contra la segregación lingüística en la sede de la Conselleria d’Educació. | R.L.

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Hasta 669 iniciativas se han registrado en el Parlament desde el último debate de Presupuestos, que puso fin al periodo de sesiones de este año. De éstas, 669 son de Vox y 666 son propuestas de solicitud al Govern. Todas las firma la diputada Manuela Cañadas y llevan el mismo encabezamiento: «listado de las líneas que hay en todas las etapas educativas» de los diferentes centros (colegios, institutos y escuelas de educación Infantil) de Balears. La solicitud de listados va dirigida a la Conselleria d'Educació.   

Una interpelación del PSIB

Los Presupuestos del Govern para 2024 incluyeron una de las principales reclamaciones del partido de la extrema derecha: una partida de 20 millones de euros para aplicar, en el primer trimestre de curso 2025-2026, un plan piloto para extender la «libre elección de lengua» en los centros.

Tanto durante la tramitación de los Presupuestos, como durante el debate previo para la aprobación de este plan, el Govern insistió en que sería la Conselleria d'Educació la que fijará las condiciones para ponerlo en marcha, que sería de carácter voluntario y experimental y según decidieran los claustros de cada centro.

El propósito de Vox es valorar cuál es la situación de cada centro y adelantarse al plan piloto.    Según la portavoz del grupo parlamentario, Idoia Ribas, si la mayoría de centros optaran por que el catalán fuera la lengua elegida se aceptaría, pues «eso es libertad». Vox hace acompañar su estrategia de otras iniciativas como la de asegurarse una partida para «evitar adoctrinamientos». Además de las 666 solicitudes de documentación de listados, el partido ultra, ha presentado en el registro de la Cámara una pregunta a la Conselleria de Serveis Socials y otra a la de Habitatge.

La única de las 669 iniciativas que se han presentado estos últimos días del año y que no lleva la firma de Vox es una interpelación del PSIB sobre las incompatibilidades de altos cargos que está relacionada con el cierre de la Oficina Anticorrupció.