Mauro Losacco, con la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma que insta al Santander a devolverle más de medio millón de euros. | Jaume Morey

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Muchos de los damnificados por la quiebra del Banco Popular Español (BPE) continúan a la espera de que la justicia haga cumplir la sentencia que obliga al Banco Santander a abonar las indemnizaciones correspondientes por la venta irregular de productos de riesgo que realizó la desaparecida entidad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que los numerosos clientes que habían contratado estos productos sin haber sido debidamente informados de los riesgos que conllevaban debían recuperar su dinero. La quiebra del BPE dejó paso a su adquisición por parte del Banco Santander, a quien legalmente no se le puede reclamar nada a cuenta del dinero perdido por accionistas y acreedores, pero sí del de los clientes que accedieron a contratar los mencionados productos por «consentimiento viciado».

Es el caso de Mauro Losacco, residente en Baleares y cuyo padre, como cliente de la filial del BPE, el Banco de Crédito Balear, firmó el contrato bajo la promesa de que se trataba de una inversión carente de riesgo y con elevados intereses. La Audiencia Provincial de Palma falló en favor de Losacco hijo y sus hermanos, herederos del fallecido Antonio Losacco. La resolución obligaba al Santander a abonar a la familia con los 400.000 euros perdidos en las inversión y cerca de 200.000 euros en intereses. La entidad bancaria recurrió al Tribunal Supremo y este resolvió a favor de los afectados, conminando a la ejecución provisional de la sentencia recurrida.

«Los jueces nos han dado la razón dos veces, pero no hacen nada por que se cumplan las sentencias», se queja Losacco seis años y medio después de que el dinero de su herencia cayera en un agujero negro con la desaparición del BPE. «Nos sentimos víctimas de un maltrato judicial desde todo este tiempo», afirma para añadir que después de haber cargado contra las entidades bancarias anteriormente, «ahora es el momento de señalar a la justicia».

Su abogado, Valeriano Marqués, asegura que la inseguridad jurídica que rodea este tipo de casos está llevando a que se estén tomando «muchas decisiones políticas en favor de los bancos» en este tipo de situaciones en los últimos tiempos.