Dado que Baleares es un territorio limitado geográficamente, y que la proximidad entre municipios obliga a mantener un equilibrio de forma no independiente, sino de conjunto, el PSIB-PSOE ha pedido al Govern de Prohens que declare todo el territorio balear como zona tensionada, a fin de poder implantar la limitación de precios de alquiler en todo el archipiélago y contribuir, de este modo, a resolver los problemas de vivienda que tanto afectan a la comunidad.
En este sentido, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado el Índice de Precios de Referencia, un instrumento cuyo principal objetivo es controlar el aumento de precios del alquiler. Esta herramienta no responde, según los socialistas, a criterios políticos, sino técnicos y empíricamente demostrables y se aplican de forma homogénea independientemente del lugar de residencia.
De forma sencilla, este instrumento marca un precio mínimo y máximo de alquiler de cada vivienda, de acuerdo con una serie de criterios técnicos, como por ejemplo la calle o zona donde se encuentra, si tiene o no ascensor, aparcamiento propio, si es un piso o una planta baja, etcétera.
Para las zonas tensionadas, el valor superior del rango que determinará el índice marcará el límite de renta máximo a exigir en los nuevos contratos de alquiler, de manera obligatoria, siempre que se esté antes dos situaciones: cuando el arrendador sea un gran tenedor y cuando se trate de un nuevo contrato de alquiler de una vivienda que no haya sido arrendada en los últimos cinco años.
El secretario de Agenda Urbana del PSIB-PSOE, Joan Ferrer, ha criticado que, de momento, Prohens ha manifestado que se declarará insumisa en la aplicación de esta ley estatal para garantizar el derecho a la vivienda, lo que implica que «la presidenta se cierra dentro del Consolat e ignora una ley estatal beneficiosa para toda la ciudadanía».
«La postura de Prohens es un drama, especialmente para los jóvenes que necesitan emanciparse, para las familias que a pesar de tener una estabilidad económica no pueden obtener el suficiente crédito financiero y por otras situaciones como familias monoparentales, los padres o madres divorciados y que tienen que empezar una nueva vida y otras situaciones de fragilidad económica y social», ha añadido.
Por eso, Ferrer ha considerado que «no es tolerable» que el Govern de Prohens «ponga el freno de mano a la maquinaria puesta en marcha por los socialistas las dos últimas legislaturas de construcción de Viviendas de Protección Oficial y a las políticas de acceso a la vivienda digna y asequible», como lo muestran, según el PSIB-PSOE, los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024 y que «ya denunciaron los socialistas en sede parlamentaria».
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