El Consell detecta ofertas de habitaciones y furgonetas en plataformas de alquiler turístico.

Una furgoneta camperizada para su uso como alquiler turístico ofertada en AirBnB. | AIRBNB

Enrique Fueris14/06/24 11:47
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El Consell de Mallorca arranca mañana un «ambicioso» plan de inspección contra el alquiler turístico ilegal que prevé más de 2.500 actuaciones en viviendas de la Isla. La campaña se prolongará hasta el 15 de noviembre y tratará de poner coto a una actividad que presenta cada vez más ramificaciones y complicaciones para los inspectores. Así lo han señalado desde el departamento insular de Turismo, que ha detectado la comercialización en diferentes plataformas on-line de habitaciones y hasta de furgonetas como alojamiento vacacional, estas últimas por 150 euros la noche. Casos en los que se tiene que desviar las diligencias a Tráfico, dado que el Consell no tiene competencias.

Así lo han explicado el conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, y la directora insular del ramo, Clara del Moral, quienes han precisado que de las 2.500 actuaciones previstas un total de 1.900, la mayor parte, serán visitas a alojamientos de todo tipo, tanto ilegales que ya han sido detectados (1.500), como legales que puedan estar incurriendo en alguna irregularidad como la sobreocupación, turismo de excesos o el incumplimiento de la oferta obligatoria del 3 % de producto local (400).

Mientras que en el primer caso las inspecciones se realizan a tiro fijo, es decir, sobre viviendas de las que ya se tiene constancia de su comercialización ilegal, las visitas a alojamientos registrados legalmente forman parte de «un procedimiento ciego, aleatorio». Las 600 actuaciones restantes (una cuarta parte) se reservan para denuncias y reclamaciones ciudadanas.

Los infractores, han recordado desde el Consell, se enfrentan a sanciones económicas que oscilan de los 40 a los 400.000 euros. «El objetivo no es recaudar», ha enfatizado Rodríguez para añadir que este primer plan servirá como piedra de toque para futuras campañas en las que se pretende ir perfeccionando los mecanismos de detección, inspección y sanción. «Lo que queremos es que haya una mejora continua con el objetivo de mantener la presión sobre esta parte de la oferta», ha remarcado.

Asimismo, Rodríguez y Del Moral han indicado que todavía se encuentran en negociaciones con la Federación de Entidades Locales de les Illes Balears (FELIB) para lograr la colaboración de los agentes de las policías municipales, aunque esperan que esas tareas de apoyo puedan activarse este mismo verano. La labor de los policías, en cualquier caso, se limitaría en principio a acciones de denuncia y de indicación de la localización de las viviendas comercializadas ilegalmente, de modo que no tendrían potestad para levantar actas de sanción (reservada esta a los inspectores insulares). Así, «no se trata de sustituir la labor de inspección», ha recalcado el conseller, «sino de reforzarla». En ese sentido, lo que se pretende es que los agentes «sean nuestros ojos y oídos en los pueblos».

Un cometido que el conseller espera que sea compartido por el conjunto de los ciudadanos, quienes tienen a su disposición los canales habituales habilitados por el Consell para la denuncia de la oferta ilegal.

Por lo que respecta a las actuaciones ya realizadas en 2024, Rodríguez ha informado de que de enero a mayo las inspecciones se han más que duplicado con respecto al mismo periodo del año pasado (953 frente a 408). El número de expedientes de viviendas ilegales, además, ha aumentado un 20 %.

Inundaciones en el aeropuerto

Por otro lado, el conseller se ha sumado a las críticas realizadas por el Govern después de las incidencias en el aeropuerto de Palma a raíz de las precipitaciones del pasado martes. «Comparto el toque de atención», ha señalado en referencia a las deficiencias en las instalaciones que desembocaron en la inundación de varias zonas de Son Sant Joan, tanto interiores como exteriores.