La decisión del Supremo desbloquea la investigación que llevaba varias semanas congelada. | SERGIO PEREZ

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El Tribunal Supremo deja en el aire la competencia de la trama balear del ‘caso Mascarillas’. El Alto Tribunal dictó ayer un auto para resolver el conflicto entre la Audiencia Nacional y la Fiscalía de la Unión Europea. Ambos organismos judiciales se disputaban la tramitación de toda la causa y, dentro de ella de la subtrama del Govern, que incluye la compra de las mascarillas por 4,7 millones de euros y el posterior episodio en torno de la reclamación frustrada del pago a la empresa.

El auto deja claro que la competencia sobre todo el asunto es de la Audiencia Nacional. Eso incluye la compra de material a la trama por parte de la administración del Estado y los posibles delitos de blanqueo y cohecho cometidos por la trama. El auto entiende: «Las actuaciones practicadas parecen estar dirigidas a investigar la posible existencia de una trama de corrupción a nivel nacional que afectaría a diversas administraciones y organismos públicos, también nacionales, que debe y puede ser investigada más eficazmente por órganos de la misma naturaleza, dada su falta de conexión material con cualquier interés supranacional que pudiera justificar la intervención de un órgano de esta naturaleza como lo es la Fiscalía Europea».

Sin embargo, aunque en ese paquete también se incluirían los contratos de Balears y los de Canarias, el Supremo hace una cierta salvedad sobre estos expedientes sobre los que la Fiscalía de la UE mantendría competencia «en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea».

La decisión del Supremo, en cualquier caso, desbloquea la tramitación de la causa, que llevaba varias semanas bloqueada desde que la Fiscalía de la UE decidió abocarse todo el procedimiento. Así, tanto este organismo como la Audiencia Nacional podrían comenzar ya a citar a testigos y posibles investigados sobre el expediente de Balears.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya otorgó condición de víctima de la trama al Ib-Salut y admitió un recurso de la Abogacía de la Comunitat para que este organismo pudiera ejercer la acusación particular. Aquella resolución señalaba que, una vez que el Govern renunció a los fondos de la UE y asumió en primera persona el pago de las mascarillas sospechosas pasó a ser el perjudicado por el supuesto fraude.