Instrucción

El funcionario investigado trabajaba en el departamento de caza del Consell Insular de Mallorca como auxiliar y tramitaba los permisos. | Pere Bota

Víctor MalagónPalma30/08/24 0:30
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Un funcionario del Consell Insular de Mallorca ha pasado casi dos años imputado en un juzgado porque un ciudadano le dio una propina de 20 euros. En 2022 un hombre que fue a renovar un permiso de caza amb filats le tendió un billete que finalmente el funcionario cogió. «Para merendar con tus compañeros». El hecho fue presenciado por otros empleados del departamento y denunciado ante sus superiores. Del Consell a Fiscalía y, de ahí a una instrucción penal que ahora ha terminado con un sobreseimiento libre: ante el importe de la propina, la magistrada considera que no llega a ser delito y que, para la conducta del funcionario, basta una actuación disciplinaria.

Tanto el funcionario investigado como el ciudadano que le dio los veinte euros, contaron una versión similar de lo ocurrido a la magistrada. El hombre había acudido para renovar su permiso y el de otros tres cazadores. Hubo un problema con uno de ellos: faltaba el registro de las capturas del año anterior. El funcionario facilitó la renovación con una declaración jurada del cazador que decía que lo había extraviado. Este le dio el billete y, pese a reticencias iniciales, lo cogió porque el hombre que se lo tendía se ofendía. El funcionario le calificó en el juzgado como «una persona mayor, ruda y con carácter».

La investigación judicial descartó que la entrega del billete fuera un pago a cambio de una actuación irregular del funcionario, el delito de soborno más grave. La versión de los testigos respaldaba que fue una especie de propina. La magistrada tampoco ve encaje en el cohecho que se produce por un regalo o pago a un funcionario solo porque lo es. Lo hace por la cuantía y por el principio de intervención mínima del derecho penal. No es necesario un juicio, que hubiera sido con jurado, por veinte euros, es la conclusión. Por un posible cohecho impropio, el funcionario hubiera afrontado una petición de multa y se tendría que haber convocado un tribunal del jurado.

La Fiscalía, que activó la investigación penal a través de un denuncia ante la existencia de indicios iniciales, informó de forma favorable a la petición de archivo planteada por el abogado defensor del funcionario, Pablo Alonso de Caso. El Ministerio Público también descartó que la entrega del billete fuera un pago al funcionario para que expidiera la licencia de forma ilegal.

Punto de vista

Pendiente de una posible sanción disciplinaria

La causa penal mantenía paralizado un expediente disciplinario del Consell al funcionario que ahora se retomará. El jefe de servicio, que declaró en la instrucción penal, declaró que el comportamiento era «inaceptable» aunque veía excesivo un posible castigo penal. En base a esa declaración, la jueza admite la petición de archivo planteada por el abogado del funcionario, Pablo Alonso de Caso.