La presidenta de la FEHM, María Frontera. | Pere Bota

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El sector hotelero ha cargado duramente contra la enmienda que permitirá legalizar las viviendas en suelo rústico que se alquilan a turistas. Se trata, a su juicio, de una medida que contradice las acciones que está impulsando el Govern frente al problema de la saturación turística y que agravará la crisis habitacional que se padece en Baleares.

Las tres federaciones hoteleras (Mallorca, Menorca y Pitiusas) se han manifestado en bloque contra la ya conocida como enmienda March, en referencia al alcalde socialista de Pollença, Martí March, uno de los más beligerantes en favor de la legalización por el peso de este tipo de viviendas en el municipio. Los hoteleros manifiestan su «absoluta disconformidad y preocupación» con la resolución del Govern, agravada por el hecho de que se tomara «a 48 del fin del plazo de presentación de enmiendas».

Asimismo, el comunicado conjunto remitido por las tres federaciones remarca que «no debería prosperar ninguna enmienda que perjudique a la sociedad en materia de vivienda vinculada al uso turístico y no residencial en plena revisión de la capacidad de territorio». Los hoteleros señalan que vetando la legalización en rústico de las viviendas de alquiler turístico se liberaría «una inmensa bolsa de plurifamiliares», la cual «volvería a estar en el mercado a disposición de residentes y recuperando la convivencia en los barrios». Y apuntalan sus argumentos reivindicando su defensa de «un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos básicos de la población, como el caso de la vivienda».

De este modo, concluyen que la enmienda «no solo agrava la dificultad del acceso a la vivienda, sino que socava la posibilidad de encontrar soluciones reales a la crisis habitacional que enfrentamos y que ha sido una de las causas de las protestas ciudadanas». Por último, critican que con esta enmienda se procure «regalos a particulares» que ya habían disfrutado de beneficios pese a la ilegalidad y en detrimento de los intereses del conjunto de la sociedad. Por ello, solicitan «con firmeza» al Govern que reconsidere «por coherencia y responsabilidad» la inclusión de la enmienda en decreto de simplificación administrativa.