Taxistas a las puertas del Parlament cuando se debatía la ley de transporte a finales de 2023. | Jaume Morey

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La sentencia del Tribunal Constitucional de la semana pasada ha liberado a Uber de la obligación de precontratar sus servicios con media hora de antelación mínima, pero las tensiones con el sector del taxi continúan presentes. Entre otras cosas, acusan a Govern y Ajuntament de Palma de pasarse la pelota el uno al otro ante los informes remitidos sobre presuntas prácticas ilegales de la empresa de VTC. Concretamente, la Agrupación Empresarial de Taxis de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) entregó hace un año a la Direcció General de Mobilitat -adscrita a la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat- un informe elaborado por un despacho de investigadores privados que incluye un dosier con diferentes irregularidades cometidas por los conductores de Uber en Palma.

Según la propia asociación del sector, la investigación de los detectives -que se prolongó por espacio de varias semanas- reveló numerosos incumplimientos de la normativa por parte de los conductores; además de la cuestión de la media hora de contratación previa -que antes de la sentencia del Constitucional era de obligado cumplimiento- el informe recoge otras vulneraciones de la normativa, entre ellas la recepción de viajeros a mano alzada. La respuesta de Mobilitat fue que al tratarse de trayectos urbanos y no interurbanos no es ámbito de su competencia, por lo que derivó las responsabilidades a Cort. Los taxistas se quejan de que desde entonces no han obtenido respuesta alguna por parte de la corporación municipal. Consultadas por este rotativo, fuentes de Cort alegan que sus técnicos han concluido que es competencia autonómica, y no municipal, regular y actuar sobre la actividad de las VTC. La Agrupación Empresarial de Taxis, presidida por Antoni Bauzà, critica el «desinterés» y la «pasividad» de la Administración pública ante las denuncias sobre este tipo de hechos.

Por otro lado, tanto la agrupación del taxi integrada en la FEBT, como su homóloga de PIMEM -la Asociación Mallorquina de Trabajadores Autónomos del Taxi (Amtat), presidida por Biel Moragues- presentaron al inicio de la presente temporada turística otra denuncia a Mobilitat sobre el uso no permitido de publicidad en los vehículos de Uber. Los técnicos del departamento autonómico han concluido que para poder llevar a cabo su actividad, las empresas de VTC, según dictamina la ley, deben contar con un distintivo que les identifique como tales, requisito que cumplen; la presencia de la marca Uber en la carrocería de los coches, por otro lado, no supone ninguna infracción, dado que no se considera un mensaje publicitario.

Mientras, en el seno del sector del taxi continúa además el malestar por la indefinición normativa, tras la sentencia del Constitucional, sobre el establecimiento de restricciones a la actividad de las VTC que mantenga la igualdad de condiciones para la libre competencia entre ambos sectores. En ese sentido, el Alto Tribunal abre la puerta en su sentencia a la posibilidad de que los legisladores limiten la actividad de las VTC mediante franjas horarias o zonas de circulación, tal y como propone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Sigue habiendo desigualdades entre ambos servicios. Recuerdo que con las VTC tradicionales no tenemos ningún problema; son estas empresas que trabajan con una aplicación que quieren hacer de taxistas sin serlo», señala Bauzà para añadir que «por ejemplo, nosotros estamos sujetos a unas regulaciones sobre precios que nos viene impuesta desde la Administración y ellos tienen libertad absoluta para bajar los precios. En los días de lluvia, sin ir más lejos, tiran las tarifas».

Las dos asociaciones del taxi reclaman al Govern que se disponga un marco normativo que garantice que compiten con Uber en igualdad de condiciones. Desde el Ejecutivo, el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, ha señalado que planea reunirse con ambos sectores para tratar de encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes. Asimismo, ha manifestado que su intención es trabajar para que el sector del taxi y el de las VTC puedan convivir pacíficamente y desarrollar su actividad en el Archipiélago sin mayores problemas.

Reacción de Feneval

Por otra parte, la resolución del Constitucional continúa suscitando reacciones también en el sector de las VTC. Tras las valoraciones de Unauto, ha sido ahora la otra patronal estatal, Feneval, la que ha celebrado el sentido de la sentencia, calificando esta como «un avance significativo hacia la mejora de la eficiencia y la accesibilidad del y transporte en Baleares». Así, el presidente de Feneval, Ignacio Manzano, señala que la supresión de los 30 minutos de antelación para la contratación del servicio «elimina una barrera que limitaba el acceso a una opción de movilidad esencial en un territorio con una clara necesidad de alternativas de transporte».

Asimismo, insiste en que el objetivo de las patronales «no es confrontar al sector del taxi, sino colaborar de manera constructiva para desarrollar soluciones que den respuesta a la creciente demanda de movilidad en Baleares a través de un transporte fiable y de calidad». Manzano se expresa de este modo en la línea de lo ya manifestado por su homólogo en Unauto, José Manuel Berzal.