Imagen de una entrevista de trabajo. | Pilar Pellicer

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, indicó este jueves su intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal, las bajas laborales, con el objetivo de dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. Saiz puso como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones pero no en la otra. Por ello, desde Ultima Hora hemos preguntado a nuestros lectores su opinión sobre esta propuesta y, de forma generalizada, han desconfiado de ella.

Mediante una encuesta en redes, los usuarios han señalado que el motivo por el que no terminan de ver clara esta idea es porque los empresarios «se podrían aprovechar de esta situación, en perjuicio del trabajador. Podrían obligarte a trabajar cuando no puedes hacerlo por motivos médicos», han explicado. Los hay incluso que consideran esta medida como una «auténtica aberración», afirmando que «ahora ya no tendremos derecho a ponernos malos».

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La gran mayoría de internautas ha apuntado a las empresas como principal ‘enemigo’ para que esta medida pueda funcionar correctamente. «En el trabajo podrían exigir al empleado el coger el alta voluntaria, así que esto sería muy preocupante», explican varios de los usuarios. Por otra parte, han afirmado que «no aceptarán que uno esté de baja, por lo que exigirán trabajar como si no tuvieras ningún problema de salud».

Pese a la desconfianza, hay algunos lectores que consideran que esta propuesta podría funcionar «si se gestiona bien y se respeta su objetivo», han indicado varios usuarios. Además, algunos creen que esto podría beneficiar sobre todo a las «pequeñas empresas».

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, evitó este jueves valorar este anuncio, aunque sí expresó ante los medios que «nadie tiene que estar de baja un día más de lo que necesita, pero tampoco un día menos». Por otro lado, la secretaria de política institucional y políticas territoriales de UGT, Cristina Estévez, afirmó que esta medida le genera «muchísimas dudas».