Imagen de vehículos de alquiler. | Gemma Andreu

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Las asociaciones de 'rent a car' están divididas por la propuesta de reducción de coches en Mallorca que ha anunciado esta semana el presidente de la Institución Insular, Llorenç Galmès. En concreto, la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Balears (Aevab) la apoya, pero Baleval expresa su preocupación y pide consenso antes de adoptar decisiones.

El presidente de Aevab, Ramón Reus, precisa que aún no conoce el detalle de la propuesta, por lo que espera poder reunirse con los representantes de la Institución insular para que se la expliquen. No obstante, reconoce que «sobran coches de alquiler en Mallorca». Aproximadamente hay unos 70.000 rents a cars y considera que serían suficientes con unos 50.000 ó 60.000. Aunque admite el elevado volumen de tráfico que padece la Isla, insiste en no criminalizar al sector de los rent a cars, ya que no son los únicos responsables del mismo. En este sentido, apunta que las población también ha crecido mucho en los últimos años y las infraestructuras no lo han hecho a la misma velocidad.

El presidente de AEVAB argumenta que la reducción de vehículos ya se está aplicando en otros destinos turísticos, tales como Formentera. A su modo de ver, este podría ser un buen modelo, aunque precisa que hay que tener en cuenta las características específicas de Mallorca, que es una Isla mucho más grande y con un volumen muy superior de vehículos.

Reus también expone que hay que tener presentes los problemas que padece el sector de los rent a cars en la Isla. En este sentido, explica que uno de los más importantes son las exportaciones, es decir, vehículos de alquiler que cuando finaliza la temporada se venden fuera de la Isla. También denuncia la competencia desleal que padecen, puesto que hay empresas que matriculan a sus vehículos en municipios de la Península con un impuesto muy barato, en lugar de hacerlo en la Isla.

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Baleval pide una reunión

Por su parte, Julio Nieto, presidente de Baleval, ha solicitado una reunión a Galmés. Además, anuncia que la asociación que preside está elaborando «un informe con datos concretos del peso del sector del alquiler de vehículos sin conductor en Baleares, tanto de contribución social y económica, como de datos reales del tamaño del parque móvil»; se espera que esté terminado antes de finalizar el año.

Aemás, denuncia que «una medida similar está en tramitación en el Parlament, que está basado en un informe de impacto sin el rigor, que precisaría una Proposición de Ley de esta importancia». Además, asegura que «la propuesta del Consell de Ibiza supone una restricción de derechos constitucionales, como son la libertad de circulación de personas y mercancías, la libertad de establecimiento de personas y empresas y el derecho a la libre competencia. «Por esta razón, la motivación de las medidas cuenta con una exigencia reforzada de justificación. Esto mismo se reproduce en las medidas ya aprobadas en Formentera, impugnada tanto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como por partes afectadas», argumenta.

Ante esta situación, Baleval espera que «el Consell de Mallorca no caiga en los mismos errores. Se pide que establezca una mesa de diálogo con los distintos sectores afectados para, primero, analizar conjuntamente la rigurosidad del estudio de carga realizado; y, segundo, consensuar qué medidas, si cabe, se podrían adoptar».

A su modo de ver, «cualquier regulación que limite libertades fundamentales debe hacer un estudio serio sobre las distintas medidas que se podrían adoptar y el impacto que tendría cada una de ellas para así poder llevar adelante las menos lesivas para conseguir el objetivo perseguido». En este sentido, recuerda que varias sentencias que han derogado distintas regulaciones, «como la reciente sobre la Zona de Bajas Emisiones en Madrid, debido a la falta de rigor de los informes que deberían avalar las prohibiciones». Por ello, Baleval se muestran convencida de que «el Consell de Mallorca abrirá este diálogo para consensuar las medidas para aprobar una regulación sólida que de seguridad jurídica a todos».