«Llevo más de dos años con inquiokupas en un piso»

Maricarmen Lucena en la terraza de la casa en la que reside. | Jaume Morey

Itziar F. LanderoPalma31/10/24 4:00
TW
72

Mari Carmen Lucena es propietaria de tres inmuebles: un ático en el que reside, una segunda vivienda que tiene alquilada a un familiar con discapacidad y un tercer piso en el que vive desde hace más de dos años una familia como inquiokupas. «Me compré el piso y lo reformé entero. Estuve viviendo allí cuatro años y luego lo tuve vacío», explica Mari Carmen. «Me animé a alquilarlo a través de una agencia inmobiliaria y fue un desastre».

A pesar de esta mala primera experiencia Mari Carmen decidió volver a alquilarlo. Esta vez al matrimonio con tres hijos que finalmente se han convertido en inquiokupas: «Al principio pagaban, pero luego dejaron de hacerlo y se quedaron viviendo», expone la afectada. Firmó con ellos un contrato de alquiler el 27 de enero de 2022, de 750 euros mensuales por un piso de tres habitaciones y 80 metros cuadrados, situado en la calle Antoni Rosselló i Nadal. «Empezaron a pagar en febrero y antes del verano ya me debían dinero de los recibos del agua».

En un principio, Mari Carmen les ofreció el beneficio de la duda y les dio un tiempo para que se pusieran al día con los pagos hasta que «me dijeron que no tenían dinero y no iban a seguir pagando», lamenta. Fue entonces cuando los demandó y los llevo a juicio. Sin embargo, no ha conseguido echarlos desde entonces puesto que la orden de desahucio se paralizó en junio de 2023 bajo el amparo del Real Decreto-ley 11/2020 que permite prorrogar la suspensión de procedimientos hasta el 31 de diciembre de 2024. Y es que, la familia okupante está declarada como vulnerable, uno de los supuestos contemplados en el decreto-ley anteriormente mencionada.

«Les puse un detective privado» y el marido no ha dejado de trabajar en la misma empresa en ningún momento», admite Mari Carmen, que quiso demostrar que el grado de vulnerabilidad se ha conseguido de manera irregular. «Me he enterado por otros vecinos de que están incluso alquilando una de las habitaciones del piso».

Compensación

Al tener contratado un seguro de alquiler, Mari Carmen percibió durante los primero once meses de impago la renta del piso, pero, puesto que su situación se ha dilatado en el tiempo, ya no tiene cobertura. En su lugar, ahora está a la espera de recibir la compensación que el Estado otorga, a través de las comunidades autónomas, a los arrendadores y propietarios afectados por la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio y lanzamiento por personas económicamente vulnerables.

El periodo computable es entre la fecha de la suspensión por auto judicial y el momento en que se levanta o hasta llegar al límite temporal fijado como máximo para la aplicación y su cuantía se fija en base al sistema estatal de referencia de precios de alquiler. El problema es que Mari Carmen no sabe cuál será esa cuantía aún, pero la prevé inferior al valor real de su inmueble. «Me van a pagar unos 350 euros durante seis meses. Todo lo he averiguado a base de insistir mucho en Vivienda y Arquitectura. Lo último que sé es que me pagarán en noviembre», critica. De cara al futuro, si consigue recuperar su vivienda, Mari Carmen es tajante: «No quiero volver a alquilarla nunca más».