Los efectivos de la Policía Nacional, entre los afectados. | I.A.

TW
4

El plazo para que las aseguradoras privadas que daban servicio al convenio con muface ha expirado sin que ninguna de ellas se haya presentado y queda en el aire la atención sanitaria a 25.600 funcionarios del Estado en Balears. Ni DKV, ni Asisa ni Adelas que eran las mutuas que prestaban este servicio continuarán a partir del 31 de diciembre, cuando caduca el acuerdo así que el Gobierno se ha puesto a trabajar en un estudio de impacto para anticiparse a este problema y ver de qué manera el sistema sanitario público podría asumir este sector poblacional que, a nivel estatal, alcanza cerca de 1,5 funcionarios.

Mientras los sindicatos anuncian movilizaciones, Muface advierte, según recogen varias agencias informativas, de que trabajará en una nueva licitación. De momento, la dirección general los ha convocado este jueves a una reunión urgente.

Las aseguradoras tenían hasta ayer para presentarse a la oferta de licitación sanitaria que planteaba una subida de las primas del 17,1 % en dos años. La cifra es más alta del 14 % que al principio le ofrecía el Gobierno a las aseguradoras privadas pero quedaba lejos del 38 % que éstas pedían o del 24 % con el que se consideraba que cubrían los costes. El concierto actual estará vigente hasta finales de 2024 y de no llegar a un nuevo acuerdo, el futuro se presenta incierto.

Muface es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos que, en las Islas, son 16.136 personas. A ésta se suman los funcionarios de la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y los del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).