OTR PressMadrid21/03/00 0:00
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La Fiscalía y las acusaciones particular y popular elevarán a partir de hoy, durante la lectura de sus conclusiones definitivas en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, la petición de prisión para los siete acusados de estos hechos. El fiscal Jesús Santos modificará, previsiblemente, el tipo penal de los delitos de detención ilegal y lesiones, de los que acusa a todos los procesados, excepto al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al abogado Jorge Argote, ya que considera que fueron cometidos por una banda armada, por lo que los relacionará con el artículo 572 del Código Penal, que agrava las penas. En su escrito de conclusiones provisionales la Fiscalía ya relacionaba el delito de asesinato con este artículo, ya que acusa al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el capitán Angel Vaquero y a los ex guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo de presunta pertenencia a banda armada, algo que, previsiblemente, hará hoy con los delitos de detención ilegal y lesiones.

Jesús Santos solicitaba provisionalmente 92 años de cárcel para Elgorriaga y Galindo y 90 para Vaquero, Dorado y Bayo, todos ellos como autores de dos delitos de detención ilegal, dos de lesiones y dos de asesinato, penas que serán elevadas. Para Vera y Argote el fiscal solicitaba una pena de dos años de prisión como autores de un delito de encubrimiento de asesinato.

Entretanto, la acusación particular en nombre de las familias de Lasa y Zabala, que representa el abogado Iñigo Iruín, prevé aumentar al doble su petición de cárcel para Rafael Vera y Jorge Argote, a los que en su escrito de conclusiones provisionales consideraba autores de dos delitos de encubrimiento de asesinato. En su escrito de conclusiones definitivas, defenderá la necesidad de que ambos procesados sean condenados además como encubridores de detención ilegal.

Además, estos delitos, dos de encubrimiento de asesinato y dos de encubrimiento de detención, se expondrán como delitos continuados, por lo que la petición de pena pasará de 4 a 8 años de cárcel. En cuanto a Vera, también se modificará la acusación de un delito de malversación de caudales públicos, por otro igual pero continuado, por lo que la petición de pena se eleva de 4 a 5 años por el mismo.