El fiscal general del Estado, Jesús Candela, dijo ayer que «irrita
un poco» saber que la Junta de Andalucía dotó de protección al
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y no al
fiscal jefe de ese tribunal, Luis Portero, asesinado por ETA el
pasado 9 de octubre. El fiscal general añadió que no obstante no se
puede culpar a nadie de la diferencia en la protección entre el
presidente del TSJA y el fiscal jefe, porque «no sé cuál es la
razón», y señaló que en el orden jerárquico ambos se encuentran al
mismo nivel.
Para Cardenal, es «muy natural» la reacción de la viuda de Luis
Portero, quien ha denunciado la doble negativa que se le dio a su
marido cuando solicitó escolta. «La protección que se dio al fiscal
jefe se ha mostrado insuficiente», constató Cardenal, quien
puntualizó que «eso no quiere decir que el Ministerio del Interior
haya hecho lo que estimaba que podía hacer, dadas las
posibilidades».
La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, Carmen Hermosín, aseguró que la Administración
autonómica lleva dos años prestando un servicio de escolta al
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA),
Augusto Méndez de Lugo, «sin tener competencias en materia de
seguridad personal» y porque el propio Méndez de Lugo lo planteó al
advertir que carecía de esas medidas de seguridad.
La consejera de Justicia y Administración Pública quiso remarcar
que la Junta no tiene ninguna competencia en materia de seguridad
personal, que corresponde «exclusivamente» al Estado. Mientras, el
portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, pidió al Gobierno
que ofrezca una explicación «satisfactoria» de lo que ocurrió a la
familia de Portero y a la sociedad.
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