El Sindicato Labrego Galego (SLG) destacó ayer su oposición a que
se imponga una tasa para afrontar los costes económicos del
problema originado por la aparición de casos de «vacas locas», y
entiende que sería grave que quienes tuviesen que pagarlo sean
ganaderos y los consumidores. Este sindicato considera «gravísimo»
que el Ministerio de Agricultura «intente hacer pagar a los
labriegos y consumidores las consecuencias de una decisión política
que sólo favorece a las empresas fabricantes de piensos y harinas
cárnicas y al cebo industrial».
Según el Sindicato Labrego, es «totalmente inmoral» que el
Ministerio pretenda «obligar a las víctimas "consumidores y
labriegos" a pagar las consecuencias de una política de la que los
gobernantes son responsables». A juicio del SLG, «si alguien
tuviese que pagar es quien se enriqueció o se vio favorecido por la
política que permitió introducir las harinas animales en nuestros
piensos», que según el sindicato son los fabricantes de harinas y
los grandes cebaderos industriales.
Los consumidores «bastante han pagado, muchos de ellos incluso
con sus vidas» "los que se vean afectados por la enfermedad",
mientras los ganaderos también han sufrido pérdidas y muchas
explotaciones pueden desaparecer. El sindicato entiende que «es
tiempo de sacar lecciones de esta catástrofe», y que el Ministerio
no se convierta en «defensor a ultranza» de los fabricantes de
piensos y del modelo industrial de producción, ni en «verdugo de
las víctimas». La administración debería, concluye el sindicato,
«empeñarse a fondo» en poner en marcha una política dirigida a
prohibir y controlar a los fabricantes de piensos.
De otra parte, el «mal de las vacas locas» se podría eliminar en
4 ó 5 años si se cumplen las normativas para erradicarlo, según el
profesor de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José
Bismarck Poveda Guerrero.
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