El Gobierno ha mostrado su respaldo a la decisión del fiscal
general del Estado, Jesús Cardenal, de investigar el origen y los
responsables de la elaboración del llamado carnet vasco y, además,
anunció que recurrirá la decisión de los ayuntamientos vascos de
emitir un DNI nacionalista. El Ejecutivo, a través del ministro de
la Presidencia, Juan José Lucas, alabó ayer el paso dado por
Cardenal, desvelado en una entrevista publicada por el diario ABC,
por entender que trata de «garantizar el cumplimiento de los
requisitos de la legalidad y legitimidad» en las elecciones vascas,
fijadas para el 13 de mayo.
Para Lucas, el fiscal general «merece el respeto del poder
ejecutivo» por ser «el defensor de la ley» y la única institución
que tiene «este cometido específico entre sus funciones». Desde el
Gobierno vasco, Ibarretxe declinó «dar publicidad gratuita a nadie»
y lanzó un mensaje de «tolerancia» y «respeto» a la separación de
poderes. Según el todavía lehendakari, es preciso que «cada cual
actúe desde su ámbito y su nivel» y que la política esté «llena de
tolerancia de las propuestas de unos y otros».
El PSOE optó por no juzgar directamente la decisión del fiscal
general, pero hizo hincapié a través de su secretario de Libertades
Públicas, Juan Fernando López Aguilar, que el carnet vasco es
«democráticamente inaceptable» por ser una de las causas que han
contribuido a que exista en el País Vasco «peligro de
nazificación».
IU sí criticó la acción de Cardenal, porque en opinión de su
coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, es una estrategia del
PP encaminada a «instrumentalizar» la campaña electoral y de que la
«judicatura» del País Vasco se involucre en ella. A su juicio, «es
absurdo que el fiscal general se dedique a perseguir a quienes
hacen cromos sabiendo que no tienen validez», por lo que le instó a
investigar otros asuntos de mayor calado. El candidato a
lehendakari de IU, Javier Madrazo, respaldó la opinión de
Llamazares y restó «rigor» al hecho de pensar que existe un delito
en la expedición del carnet vasco», ya que se trata de un documento
«meramente simbólico» que no tiene «validez jurídica».
Gorka Knorr, secretario general de Eusko Alkartasuna (EA),
expresó también su rechazo a que se investigue un documento que «no
se impone a nadie» y reprochó al fiscal que se preocupe por
«alguien que pueda dedicarse a editar un carnet que no tiene
validez jurídica» en vez de perseguir delitos como «las dictaduras
chilena y argentina contra ciudadanos españoles». Knorr aseguró que
si Cardenal decide perseguir a quienes propugnan en carnet se
«encontrará» con él.
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