Europa PressMadrid07/08/02 0:00
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El proceso de ilegalización de Batasuna debe comenzar con una demanda ante la Sala Especial del tribunal Supremo. Así lo establece el artículo 12.1 de la Ley de Partidos, que también señala que en esa demanda se deben adjuntar los documentos que acrediten los motivos de ilegalidad. Una vez recibida la demanda, el Supremo deberá comunicarla a Batasuna para que pueda comparecer en el plazo de ocho días. Comparezca o no, la Sala tendrá que estudiar la admisión inicial de la demanda. Una vez admitida, la Sala podrá abrir un periodo de prueba y alegaciones por plazo sucesivo de veinte días donde ambas partes, la Fiscalía como demandante y Batasuna como demandado, formularán sus argumentaciones.

Concluido este plazo de prueba, la Sala dictará una sentencia contra la que no cabrá recurso alguno. La única posibilidad que tendría Batasuna, en caso de ser ilegalizada, sería acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Durante el proceso, la Sala Especial podría dictar medidas cautelares contra la formación abertzale, como la suspensión de sus actividades hasta que se dicte sentencia. Por otra parte La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional de la Magistratura coincidieron ayer en señalar la necesidad de que el proceso de ilegalización de Batasuna, iniciado tras la remisión del Gobierno a la Fiscalía del Estado de material sobre esta organización política, se realice con «la mayor cautela posible» y con las garantías que recoge la Ley de Partidos Políticos.

El portavoz de la UPF, Antonio Camacho, señaló que a partir de este momento, lo fundamental es mantener «una especial cautela» en todo el proceso, con el objetivo de evitar que surja cualquier tipo de duda acerca de la concurrencia de los supuestos que recoge la Ley. «Todos sabemos cuál es el contenido de la Ley de Partidos y lo que hay que esperar es que se remita la documentación suficiente y no surja ninguna duda», afirmó si bien aseguró desconocer cuál es el material y contenido sobre las actividades de Batasuna remitido a la Fiscalía desde el Gobierno.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez, coincidió con Camacho en resaltar la exigencia de «máxima cautela» en el proceso, puesto que «todo hecho que lleve a la eliminación del juego político de una formación debe estar rodeada de las garantías que se establecen en la normativa». Así, recordó que durante el proceso deben permitirse alegaciones, aportar pruebas y preguntar los motivos de la no condena en este caso concreto, puesto que es la circunstancia que ha llevado al «incumpliendo de las normas de convivencia homologadas», para que posteriormente un órgano no político decida si existe o no supuesto de ilegalidad.