El Gobierno dio ayer los primeros pasos con vistas a la
ilegalización de Batasuna al remitir al fiscal general del Estado,
Jesús Cardenal, «todo el material» de que dispone sobre las
actividades de esta organización, que ha evitado condenar el
atentado de ETA cometido en Santa Pola (Alicante). Inmediatamente
después de que el Ejecutivo anunciara esta iniciativa, la Fiscalía
General del Estado explicó en una nota que ha comenzado los
estudios preparatorios para la posible presentación ante el
Tribunal Supremo de una demanda de ilegalización de Batasuna a raíz
de los últimos pronunciamientos de sus dirigentes y sus «maniobras
para eludir la condena» del último atentado.
La Fiscalía estudia las actuaciones y declaraciones de los
representantes de esta formación desde que entró en vigor esta ley,
así como sus pronunciamientos tras el atentado. El Gobierno, además
de remitir a la fiscalía toda la información disponible sobre
Batasuna, reveló que ha hablado con los dirigentes del PSOE, CiU y
Coalición Canaria "formaciones que junto al PP apoyaron la Ley de
Partidos" para estudiar la mejor manera de poner en marcha el
proceso, en el que pueden intervenir el Congreso y el Senado
instando al Gobierno a pedir la ilegalización.
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero,
opinó en Santa Pola que «es el momento» de aplicar la Ley de
Partidos para promover la ilegalización de Batasuna «con todas las
garantías jurídicas». Rodríguez Zapatero sostuvo que tras el
atentado del domingo, Batasuna «ha vuelto a demostrar qué posición
tiene», la cual resulta «lamentable» y contraria a la «esencia de
la convivencia y de las personas» y por ello consideró que el
Gobierno de Aznar «tiene la responsabilidad» de promover la
ilegalización de Batasuna «con el máximo consenso».
Miembros del Ejecutivo y dirigentes del PP remarcaron que es
posible aplicar ya la ley contra Batasuna. Así, el ministro del
Interior, Angel Acebes, consideró que «se dan algunos supuestos»
previstos en la norma para la ilegalización, puesto que la reacción
de Batasuna «repugna a la democracia», en una actitud de
«exculpación clara» hacia ETA que exige aplicar la ley «cuando sea
posible». Por su parte, el titular de Administraciones Públicas,
Javier Arenas, consideró que deben involucrarse no sólo el Fiscal
del Estado y el Gobierno de la nación, «sino también las altas
instituciones como el Congreso y el Senado», vías «que en absoluto
son excluyentes o incompatibles, sino complementarias».
Antes de que el Ejecutivo revelara su iniciativa, el portavoz de
CiU en el Congreso, Xavier Trias, se mostró partidario de aplicar
la ley «con la máxima firmeza», pero al mismo tiempo defendió que
se haga «sin prisas ni precipitaciones», para tener garantías de
que se utiliza de forma correcta. Trias pidió al Gobierno que
recoja «el máximo de pruebas posibles para ver si se cumplen los
requisitos de la ley, para estar seguros de que se aplica con total
rigor y rectitud».
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó que
«hay unos pasos previstos» en la Ley de Partidos y de lo que se
trata es de «cumplirlos con las máximas garantías». Por contra, el
coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró «un grave
error» y una medida «efectista» la iniciativa del Gobierno que, en
su opinión, ha respondido «de forma unilateral y partidista como si
la ilegalización de Batasuna fuera una solución milagrosa».
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