El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier
Arzalluz, afirmó ayer que «lo que menos gusta» al Partido Popular
de la propuesta de Ibarretxe es la posibilidad de convocar una
consulta popular porque, según destacó, «tienen miedo a que la
gente diga sí, y nos vayamos». «Y si la gente lo quiere, nosotros
lo aceptaremos, y ahí no hay matrimonio ni espada que valga sino la
voluntad popular», añadió en un acto político celebrado en Bilbao
para conmemorar el «Gudari Eguna» (día del soldado vasco).
Arzalluz resaltó que «los nacionalistas (PNV, EA y Batasuna)
somos mayoría absoluta y esto es lo que le da miedo a Madrid. ¿Por
qué no quieren ni oír hablar de una consulta -se preguntó- cuando
si la mayoría no quiere, mejor para ellos?», a la vez que resaltó
que «no se puede estar en una patria a la fuerza».
En su intervención, el líder peneuvista dibujó una situación
política en la que los franquistas «vestidos ahora de demócratas y
tras votar en contra del Estatuto de Autonomía y abstenerse en la
Constitución, vienen a por nosotros y nos llaman traidores».
Resaltó que «se han hecho con todo el poder comprando los medios
de comunicación y con un poder judicial en manos del Gobierno. Y a
la Iglesia -dijo- no le falta mucho para que se meta también contra
nosotros».
En este contexto recordó que hace tres meses Juan José Ibarretxe
instó al Gobierno central a completar el Estatuto y, una vez
transcurrido ese tiempo, «esperaban una respuesta diferente, pero
Ibarretxe no ha salido ni con la independencia ni con un estado
libre asociado, sino que propone un nuevo estatus en el que los
vascos en vez de estar a la fuerza en España, lo estén
libremente».
Arzalluz rebatió a los que «amenazan con la pobreza» si se
materializa el proyecto de Ibarretxe con la enumeración de varias
empresas que «hacen cola para invertir en Euskadi» y opinó que toda
la polémica en torno a los empresarios y las inversiones responde a
que «quieren separar a la patronal alavesa de la vizcaína y
guipuzcoana».
De igual modo, a su juicio, las declaraciones en contra de la
juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, por
conceder el tercer grado a un preso de ETA, se debe a que «quieren
llevarse a Madrid el control de la vigilancia penitenciaria y
decidir ellos».
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