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AGENCIAS-BILBAO El traslado a Madrid de la sede social del grupo aeronáutico Alerion provocó ayer las críticas del Gobierno vasco y del PNV. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, denunció la existencia de «presiones» de carácter político para impulsar el traslado de sedes de empresas fuera de Euskadi en lo que, a su juicio, constituye «una nueva fase de lo que es un castigo a la sociedad vasca» y un «fiel exponente del modelo de país que quiere el Gobierno español para Euskadi: que no se tomen las decisiones en este país».

El portavoz y consejero de Industria del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, reclamó al PP que «aclare» si su «alternativa» para el País Vasco consiste en el traslado a Madrid de los centros de decisión de empresas radicadas en Euskadi. Imaz afirmó que las instituciones vascas desean saber si el Gobierno «presiona o no a las empresas» para que abandonen Euskadi y se instalen en Madrid y transmitió un «mensaje de serenidad a la sociedad vasca» ante la posible marcha de centros de decisión de empresas».

Según aseguró ayer el presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Ignacio Ruiz Jarabo, Gamesa e ITP seguirán localizadas en el País Vasco, con sus trabajadores y directivos, tendrán allí su domicilio fiscal y pagarán sus impuestos, mientras que la matriz Alerion «con entre 40 y 50 trabajadores» tendrá su sede en Madrid. Ruiz-Jarabo explicó que antes del verano los socios del nuevo grupo se plantearon dónde debía estar su domicilio fiscal y, de acuerdo con «el artículo 6 de la ley de Sociedades Anónimas y el 43.3 del vigente concierto», se ha visto que tiene que ser en Madrid «por aplicación de la legislación».

Reiteró que «hemos constatado que no puede ser de otra manera por aplicación de la legislación» y en esta decisión «no cabe presión alguna», ya que «no se puede elegir». El departamento de Interior del Gobierno Vasco replicó a la SEPI que la posible decisión de instalar la sede social de Alerion en Madrid es «artificiosa y no responde a una adecuada aplicación del criterio de efectividad, legalmente establecido».